La Comisión de Trabajo del Senado aprobó de forma unánime la idea de legislar la reforma de pensiones. Con esto, mañana se dará paso a la votación en particular y posteriormente se espera que sea votado en la sala de la Cámara antes de que termine enero.
Tras conocerse este resultado, diversas asociaciones gremiales levantaron la voz por el proyecto impulsado desde el Ejecutivo y manifestaron su preocupación por el aumento en la cotización con cargo al empleador de 7% que se suma al 1,5% del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), resultando en un total de 8,5%.
Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró el acuerdo y destacó que «después de tantos años discutiendo en torno al perfeccionamiento del sistema de pensiones, se haya podido ratificar un sistema de capitalización individual, en el cual se aumentan los ahorros, sin los cuales es imposible tener mejores pensiones. Porque no hay sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, si no es con ahorro».
«Creemos que es importante haber logrado la compensación entre hombres y mujeres, pero la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, que no refleja el costo real de la compensación. También hubiéramos esperado mayor gradualidad del alza de cotizaciones a lo largo del tiempo, para efectos de mitigar el impacto que esto pueda tener en el mercado laboral», puntualizó en un comunicado.
Sobre el préstamo, Jiménez aseguró que «es una herramienta que podría adolecer de problemas de sostenibilidad y, por tanto, es muy relevante que se transparente en la contabilidad fiscal y se tomen los resguardos para evitar perjuicios a los cotizantes».
Además, en relación a las licitaciones de cartera de cotizantes, la presidenta de la CPC señaló que «creemos que la propuesta no es adecuada para promover la competencia, y llevaría a decisiones de inversión que no benefician la rentabilidad de los ahorros, que es lo que realmente se debiera buscar para no perjudicar a las personas».
«Esperamos que la tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional considere la opinión ciudadana respecto de mantener el mecanismo de capitalización individual, incluyendo la propiedad de los fondos por parte de los cotizantes», mencionó en el comunicado.
Asimismo, Susana Jiménez aseguró que «este sistema ha logrado resguardar y multiplicar los ahorros de los trabajadores, junto con fortalecer un mercado de capitales transparente y competitivo, que ha beneficiado al país y a sus habitantes».
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, su presidente José Pakomio, señaló que «el proyecto implica un alza significativa en los costos de contratación, con un incremento del 7% en la cotización del empleador. Esto afecta gravemente a las empresas de menor tamaño, que ya enfrentan desafíos de liquidez y competitividad, y aunque existe gradualidad, podría no ser suficiente».
«Según datos recientes del INE, el empleo informal sigue siendo alarmantemente alto, cerca del 27%. Este cambio puede empujar a más empresas a la informalidad, debilitando el mercado formal y afectando la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Es una medida que debemos reconsiderar seriamente», advirtió Pakomio.
En tanto, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, aseguró que «entendemos la urgencia que vive el país en materia de pensiones y el esfuerzo que tienen que hacer muchos para poder mejorar los ahorros de nuestros trabajadores, pero el Gobierno y la oposición tienen que entender que en Chile no solamente hay grandes empresas, también hay micro, pequeñas y medianas, que muchas de ellas no son capaces de solventar este aumento en las cotizaciones».
«La pregunta es, ¿el Gobierno y la oposición están considerando algún tipo de ayuda para micros y pequeñas empresas para aumentar estos costos laborales?», cuestionó Swett.
Finalmente, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), consideró que «valoramos el acuerdo en torno a la reforma del sistema de pensiones. Es un paso significativo para mejorar las jubilaciones de los trabajadores y promover una mayor equidad entre hombres y mujeres, objetivo que apoyamos».
Añadió que «nos preocupa, sin embargo, el impacto que la implementación de esta reforma podría tener en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas, junto con la posibilidad de que promueva la informalidad laboral».
El líder de la SNA continuó señalando que «para los empleadores, el aumento de las cotizaciones es un desafío considerable, y el período de implementación propuesto resulta insuficiente para absorber este cambio sin afectar el empleo».
«Es necesario cuidar la formalidad laboral y equilibrar la balanza, buscando una fórmula para compensar el necesario esfuerzo de los empleadores a través, por ejemplo, de una mayor productividad. Confiamos en que estos aspectos que nos preocupan se evalúen detenidamente, a la vez que reiteramos nuestra disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como al sector productivo», finalizó.
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