Contraloría General de la República solicitó este viernes explicaciones a Cancillería, luego de que se diera a conocer que el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, continuó con su estatus diplomático y su millonaria asignación salarial intacta pese a ser expulsado por el régimen de Nicolás Maduro en agosto pasado.
Cabe recordar que la acción del líder chavista se dio en respuesta a la decisión del Gobierno de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro también adoptó una medida similar contra otros países de la región que manifestaron la misma postura.
No obstante, tanto el estatus como el sueldo del diplomático, que ascendía $21 millones mensuales, habrían permanecido intactos, según consignó La Tercera.
Por esta razón, el organismo fiscalizador inició una investigación tras recibir una denuncia de la Fundación Fuerza Ciudadana, que cuestiona la legalidad del pago del salario de Gazmuri mientras no desempeñaba funciones en el país asignado.
La denuncia contra Gazmuri
En el documento acusatorio, la fundación solicita que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de las continuas remuneraciones del embajador, argumentando que este no estaba realizando las labores para las cuales fue designado y, por lo tanto, el pago no tiene justificación.
Además, la organización pide que, en caso de que se determine que las remuneraciones fueron indebidas, se ordene el reintegro de los fondos al Fisco.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió su postura, asegurando que la decisión de mantener a Gazmuri como embajador, a pesar de su regreso a Chile, se enmarca en los procedimientos administrativos establecidos para este tipo de situaciones.
Cabe recordar que en diciembre de 2024, la Cancillería explicó que Gazmuri continuó siendo embajador “por cuestiones administrativas” y mencionó las actividades que realizó en Chile durante su tiempo fuera de Venezuela.
Pese a esto, la Contraloría solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que entregue en los próximos 10 días un informe detallado sobre el caso, incluyendo todos los antecedentes necesarios para resolver la denuncia.
El organismo también requirió que el informe sea preparado con la intervención de la asesoría jurídica de Cancillería.
Además, Raimundo Palamara, presidente de Fuerza Ciudadana, subrayó que el gasto generado por la expulsión del diplomático, combinado con su salario elevado, carece de justificación legal.
“Es grave que una persona haya recibido ingresos fiscales sin realizar las tareas que justifican dichos pagos”, sostuvo.
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