Después de haber levantado exitosamente la bandera de «con mi plata no» en el debate sobre la reforma de pensiones, la derecha tradicional chilena ahora parece decir «con mi plata sí, pero sólo por los próximos diez años». En vez de defender con argumentos razonables y con convicción los valores y principios que promueven la libertad individual, la derecha mostró una actitud oportunista y entreguista que representa una amenaza mucho mayor al futuro de Chile que las nefastas consecuencias de una reforma que envalentonará a los que quieren terminar con el sistema de capitalización individual para las pensiones.
Entre los muchos asuntos problemáticos de este texto de 176 páginas de indicaciones que presentó el gobierno del Presidente Gabriel Boric al proyecto de ley de reforma de pensiones, uno de los más evidentes es el que establece que todos los trabajadores formales entregarán un 1,5% de su sueldo mensual al Estado en la forma de un “préstamo” que eventualmente será devuelto a los trabajadores con condiciones y con una tasa de interés que el propio Estado determinará de forma unilateral. Si bien el acuerdo establece que este “préstamo” irá reduciéndose en .15 puntos porcentuales por año hasta que el 6% de las nuevas cotizaciones mensuales de los trabajadores vaya en su totalidad a las cuentas individuales, hay buenas razones para creer que futuros gobiernos se acostumbrarán a este flujo de recursos y buscarán extenderán la permanencia en el tiempo de este préstamo forzado. Es más, bien pudiera ser que, en momentos de estrechez fiscal, o cuando la clase política busque atraer votos de los jubilados y promover el consumo, el porcentaje de cotizaciones que vaya a este préstamo aumente en vez de disminuir.
Cuando la derecha acepta introducir el concepto de reparto en el sistema de pensiones, no cuesta mucho imaginar que las futuras batallas en el debate sobre pensiones serán respecto a qué tanto deberá la cantidad mensual que vaya a reparto y cuánto debe disminuir la cantidad que vaya a las cuentas de ahorro individuales. No por nada, los enemigos del sistema de capitalización individual fueron los que más celebraron el acuerdo.
Equivocadamente, algunos en la derecha tradicional creen que este acuerdo va a cerrar el debate sobre el sistema de pensiones por varios años. Lamentable, nadie se olvida cuando hay un cofre con dinero enterrado. Una vez que la clase política acceda a una parte de las cotizaciones de los trabajadores para distribuirla en forma de mejores pensiones a los jubilados, aumentarán las ganas de los políticos de meterle más la mano al bolsillo de los trabajadores para pagar por el pan para hoy -mejores pensiones para jubilados que votarán en las próximas elecciones- sabiendo que no tendrán que dar la cara cuando a los trabajadores actuales les toquen las malas pensiones mañana.
Ahora que este acuerdo abre la puerta para que las cotizaciones mensuales que hasta ahora han ido a las cuentas individuales comiencen a repartirse entre cuentas individuales y un sistema de reparto, aumentarán las ganas de echarle mano a todo el dinero que hay en las cuentas individuales y a todas las cotizaciones previsionales mensuales de los trabajadores. Creer que el acuerdo mata el tema refleja la misma ingenuidad de los que torpemente creyeron que la violencia del estallido social llegaría a su fin con el Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución de noviembre de 2019. Si no hubiera sido por la pandemia del Covid-19, la derecha tradicional de entonces habría entregado la Constitución y, después, igual hubiera visto caer al Presidente Piñera. Maquiavelo nos recuerda que aquel que se humilla para evitar la guerra tendrá primero la humillación y después la guerra.
Todos queremos que las pensiones mejoren. Necesitamos un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Pero un pésimo acuerdo es mucho peor que no tener acuerdo. El arreglo entre el gobierno y los partidos tradicionales de derecha que se anunció el miércoles es un ejemplo perfecto de la lógica del pan para hoy, y hambre y desempleo para mañana. Peor aún, el acuerdo constituye una amenaza evidente y poderosa a la viabilidad del sistema de capitalización individual para las pensiones. El ‘préstamo’ que se introduce, obligando a los trabajadores a pagar un impuesto por estar empleados formalmente, permite a los que quieren imponer un sistema de reparto poner el pie en la puerta y generar las condiciones para que, a partir de la campaña presidencial de 2025, la nueva discusión sobre el sistema de pensiones se centre en qué porcentaje de las cotizaciones mensuales irán al sistema de reparto y no en formas más efectivas y sustentables de mejorar las pensiones que hoy reciben los jubilados en Chile.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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