Menos de una semana ha tenido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para evaluar y dar un veredicto final sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones. Con ese estrecho tiempo de análisis los miembros del organismo deberán entregar su visión este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto acordado entre el gobierno y los líderes de ChileVamos, en lo que es considerado un juicio clave que puede impulsar la reforma o, por el contrario, deteriorar sus chances de ser aprobada.
Previo a este paso y dada la imposibilidad de hacer simulaciones propias dado el escaso tiempo dado para el análisis, el CFA se reunió con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para conocer en detalle los efectos de fiscales y las proyecciones financieras del proyecto a partir de las cuales los integrantes del organismo debieran entregar sus planteamientos y dudas. Asimismo, el CFA ha estado reuniéndose con expertos en temas previsionales como Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), la académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, y Paula Benavides directora de Espacio Público.
Los economistas coinciden en que la opinión que entregue el CFA será clave para la viabilidad de la reforma, dadas las dudas que han manifestado diversos sectores políticos y técnicos -incluyendo a la carta presidencial de la oposición, Evelyn Matthei- sobre las implicancias fiscales del proyecto y el financiamiento del Seguro Social.
Pero los expertos también creen que el CFA será ponderado en sus cuestionamientos a la reforma en el entendido de que una de las fortalezas del préstamo solidario (1,5%) es que es un beneficio transitorio (garantía dura 30 años) que podría ser financiado con un mecanismo de recaudación permanente como es la Ley de Cumplimiento Tributario. Adicionalmente, estiman que dará a conocer otros riesgos fiscales que implica el proyecto, sin entregar opiniones demasiado drásticas que pueda sepultar o quitarle viabilidad a la iniciativa.
El proyecto incluye un incremento de la cotización de 7 puntos con cargo al empleador. De esta forma, la cotización que aportan los empleadores llegaría a 8,5%, dado que actualmente ya cotizan cerca de un 1,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Del 8,5% total que aportarán los empleadores, un 4,5% se destinará a las cuentas individuales de manera directa. Otro 1,5% se contabilizará en las cuentas individuales, pero transitoriamente irá como préstamo al Estado y se destinará al llamado Seguro Social que crea el proyecto.
En Informe Financiero que acompañó las indicaciones se proyecta que el mayor gasto total de esta reforma en régimen, es decir, al 2050, son US$3.200 millones. De ese total, el mayor desembolso estará radicado en el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con un monto de US$1.400 millones. Luego le sigue el préstamo solidario que equivale a US$1.000 millones, mientras que el aumento de las cotizaciones es de US$778 millones.
Para Paula Benavides hay dos dimensiones que deben ser analizadas al momento de analizar las implicancias fiscales del Seguro Social: la sostenibilidad fiscal, dado que el proyecto implica menores ingresos y un aumento en el gasto público, y la sostenibilidad financiera del Fondo, incluyendo escenarios de estrés para evaluar el pasivo contingente asociado.
“Desde el punto de vista fiscal, el financiamiento debería provenir de la ley de cumplimiento tributario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estimaciones de mayores ingresos por evasión y elusión están sujetas a un alto grado de incertidumbre y que enfrentamos una base de déficit estructural. En el caso del Fondo, también existe incertidumbre sobre su rentabilidad o el costo efectivo del SIS. Este análisis debe llevarse a cabo de manera rigurosa en la Comisión de Hacienda, lo que no sería un obstáculo para la reforma, sino un espacio para reforzar o calibrar aquellos elementos que lo ameriten”, afirma la economista.
A su vez, la economista Cecilia Cifuentes coincide en que los planteamientos del CFA difícilmente serán muy drásticos. “Creo que el CFA va a tener una mirada más intermedia. No creo que diga que algunos temas puedan ser fiscalmente impagables o pueda tener una postura muy radical. Pero tampoco creo que diga que no hay ningún problema y que nos tenemos que quedar todos tranquilos”, afirma.
Sin embargo, la economista de la Universidad de los Andes enfatiza que la sostenibilidad fiscal del proyecto estará dada fundamentalmente por la capacidad de crecimiento que tenga la economía chilena a futuro. “Si seguimos creciendo al 2% esta reforma es intragable fiscalmente. Con un país creciendo no es problema subir la cotización porque se compensa con remuneraciones reales y no tiene un impacto grande, pero con una economía estancada todo es muy preocupante”, afirma.
En relación a la fórmula de “pasivo contingente” con que se tratará la deuda generada por el préstamo solidario, que involucra registrarlo separadamente del Gobierno Central y fuera de las estadísticas tradicionales de deuda pública (hoy sobre 40% del PIB), Cifuentes cree que fue una idea razonable. “Se encontró un equilibrio que creo es razonable … para los cotizantes sería mejor que simplemente el Estado emitiera bonos al mercado internacional y con eso pague esto, pero eso nos podría deteriorar el riesgo país”, afirma Cifuentes.
“La contabilidad de la deuda depende de la institucionalidad. En este caso, el aporte con rentabilidad protegida ingresará al Fondo Autónomo, que es un patrimonio de afectación fuera del gobierno central, dotado de una institucionalidad robusta. Por lo tanto, el Fondo asume el pasivo y, en caso de que no cuente con los recursos suficientes, existe una garantía del Estado. Esto significa que para el Fisco existirá un pasivo contingente”, afirma, a su vez, Paula Benavides.
Una opinión distinta tiene el economista de Gemines, Alejandro Fernández, quien cree errado considerar el préstamo como una deuda contingente. “Tanto como fueron los bonos de reconocimiento en su momento y esta deuda con los cotizantes (préstamo) es deuda del fisco y, por lo tanto, debiera ser contabilizada como deuda pública porque el fisco tiene que meterse en la mano del bolsillo para devolver esa plata en algún minuto”, afirma el economista, quien destaca la importancia del juicio que haga el CFA sobre la sostenibilidad fiscal del proyecto y la forma de contabilizar el préstamo solidario.
“Lo que diga el CFA va a ser algo que debe tomado muy en serio por todo el mundo porque tiene un prestigio bien ganado” concluye Fernández.
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