Aunque muchos legisladores y líderes de derecha creen que están votando un acuerdo de reforma de pensiones que pondrá fin a casi una década de un enconado debate respecto a si Chile debe tener un sistema de pensiones basado en la capitalización individual o en un sistema de reparto, el acuerdo que está por ser aprobado es una engañosa tregua que sólo busca modificar los bordes del debate sobre pensiones.
Una vez aprobada esta ley, la discusión que se comenzará a dar en la próxima temporada electoral será respecto a qué porcentaje de las contribuciones mensuales (cotizaciones, como se las llama en Chile) irá a la cuenta individual y qué porcentaje de las cotizaciones irá al sistema de reparto -el mal llamado pilar solidario. Además de ser una tregua que dure muy poco, esta ley que avanza a paso raudo sin el debido debate en el Congreso genera el precedente de que un porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores formales irá de forma inevitable a pagar las pensiones de los que actualmente están jubilados.
A diferencia de un acuerdo, que sugiere que se ha encontrado una solución definitiva a una disputa, una tregua supone sólo un cese temporal de las hostilidades. Después de más de 10 años de un conflicto permanente sobre cómo hacer una reforma de pensiones que logre mejorar las pensiones que actualmente reciben las personas jubiladas en Chile y que aumente las contribuciones mensuales que hacen los trabajadores formales a sus cuentas de ahorro individual, el gobierno de Presidente Gabriel Boric y los principales partidos de la oposición agrupados en Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) llegaron a un acuerdo que aumentará las cotizaciones de los trabajadores de un 10 a un 17% de su sueldo bruto.
Aunque los partidos de derecha habían defendido con fuerza el principio de que cualquier aumento de la cotización fuera directamente a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores, el acuerdo tramitado en el Congreso destina de forma permanente 1% del sueldo bruto del trabajador a un seguro de longevidad con perspectiva de género (por llamarlo de alguna forma) para mejorar las pensiones de las mujeres, que en general viven más. Adicionalmente, un 1,5% del sueldo bruto irá a un «préstamo» al Estado para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Este «préstamo» se irá reduciendo en 0,15% anual hasta que desaparezca en 10 años. Ahí, presumiblemente, el 16% del sueldo bruto mensual de los trabajadores irá completamente a las cuentas de ahorro individual para las pensiones que actualmente manejan las AFP.
Huelga decir que establecer un «préstamo al Estado» por obligación es una torpe forma de disfrazar un impuesto al trabajo formal. Si el Estado necesita recursos, puede endeudarse en el mercado a precios de mercado. Aunque este préstamo será reconocido nocionalmente en las cuentas de los trabadores, este camino alternativo busca disfrazar un mayor endeudamiento fiscal y permite al Estado cambiar las condiciones en las que devolverá el dinero. La probabilidad de que el Estado pague este préstamo es evidentemente menor que cuando el Estado se endeuda en los mercados normales. Si el Estado tuviera voluntad de pagar, se endeudaría de la forma que normalmente lo hace.
El mayor problema para el país es que, con este mal llamado acuerdo, los partidos de la derecha tradicional renuncian definitivamente a defender el sistema de capitalización individual y remplazarlo por un sistema en que parte de los ahorros vayan también a un sistema de reparto. La diferencia no es trivial. No es lo mismo prohibir que se usen drogas en la casa que debatir cuánta droga se podrá consumir cada mes en casa. Para la clase política, echar mano a los ahorros para las pensiones de los trabajadores equivale a una droga cuyo consumo será difícil de controlar.
Como si esa renuncia no fuera ya un riesgo enorme para las arcas fiscales y para el mercado de capitales, funcionarios de gobierno y varios líderes de izquierda han dejado claro que este acuerdo no cerrará el debate sobre la propiedad de los fondos de pensiones. Aunque todavía no se termina de votar el acuerdo, la Ministra del Trabajo y el propio Ministro de Hacienda han reconocido que la izquierda busca terminar con las AFP. Amplios sectores de la izquierda nunca han ocultado su intención de terminar con el sistema de capitalización individual. Una vez que pase la ley que establece que el 18% de las cotizaciones mensuales del sueldo bruto de los trabajadores alimentará tanto las cuentas individuales como el sistema de reparto, quedará abierto de forma permanente el debate sobre qué tanto deberá ir a reparto y qué tanto a cotizaciones individuales.
Una vez que los legisladores hayan validado la tesis de que las cotizaciones mensuales de los trabajadores vayan al sistema de reparto, el fin del sistema de capitalización individual estará al alcance para los que han luchado por cuatro décadas por imponer un sistema de reparto.
Cuando la derecha no sabe qué es lo que cree, difícilmente ese sector podrá convencer al electorado indeciso que vale la pena creer en ese sector. La derecha chilena comete un enorme error al creer que está firmando un acuerdo que validará el sistema de capitalización individual cuando en realidad sólo está firmando una tregua que dejará en una mucha mejor posición a aquellos que por décadas han querido echarle mano a los fondos previsionales de los trabajadores chilenos.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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