El caso de “democracia viva” sigue dando que hablar. Es un caso de una fundación, no de defensores de la democracia, sino de defraudadores de ésta. Un mecanismo inventado por activistas españoles de ultraizquierda que aseguraba la manutención para cuando no fueran gobierno. La idea era hacerse con rapidez de los recursos públicos, no ejecutados en los presupuestos a fin de año, para hacer activismo político.
En el caso de Democracia Viva eran dineros destinados a los más pobres. Los “defensores del pueblo” y sus derechos, se robaron los dineros dispuestos a los más desposeídos, impresentable. Sólo los miserables son capaces de caer tan bajo. Un robo de dinero fiscal, la plata aportada por los chilenos, con agravantes monumentales. Despojan a los más pobres de lo que todos aportan para beneficiarse ellos.
Cuando el caso estalló la diputada Catalina Pérez dijo que era “un tema entre hombres adultos” e intentó desmarcarse de la situación. Dijo que no sabía nada, que no estaba involucrada y, de hecho, apareció en un patético video demacrada y llorosa, victimizándose, usando la “careta feminista” del abuso hacia la mujer. El propio Presidente de la República mostrando que creía en su inocencia, la invitó a un viaje gubernamental y hasta la subió al avión presidencial.
El caso se fue diluyendo en el tiempo, tapado con otros temas país. La minuta desde el gobierno era “echarle tierra”. Pero en estos días comenzó la filtración de chats desde la fiscalía, que dejan claro como el agua, que la diputada Pérez sí sabía, que estaba totalmente involucrada. Curiosamente su desafuero se ha demorado más allá de la racionalidad, lo que hace sospechar que la ley no es igual para todos. Ellos, pareciera ser, tienen impunidad. Desafueros de otros parlamentarios, como por ejemplo el de la doctora Cordero, fueron muy rápidos, lo que hace sospechar que los tiempos de la justicia, tienen que ver con la afiliación política más que con las causas. Lo que hace que la objetividad fiscal sea dependiente de las filtraciones, lo que es doblemente lamentable, ya que la justicia imparcial es requisito de una democracia y las filtraciones son siempre indeseables.
La desigualdad ante la ley, que promueve la izquierda con las “discriminaciones positivas”, parecieran responder también, al hecho de defender o profesar ciertas ideas políticas. El activismo judicial se hizo cargo de eso. Si eres de izquierda, eres superior y estás en “el lado correcto de la historia”. Por eso, el mundo, según ellos, les debe algo, son “los iluminados”. Los llamados a “transformar la sociedad” y a “terminar con el neoliberalismo”, son los elegidos (the chosen one). La ley, no es para ellos, es para los otros. De hecho, para todo el resto de los mortales.
Este modo de proceder queda claro en las “las anécdotas” reveladas por Alberto Mayol en su columna de Radio Bio Bio. Aquí queda en evidencia que, los que hoy son gobierno, desde presiones políticas siempre “se saltaron la fila” y que se hicieron de puestos y cargos, no por méritos, sino desde el activismo político. Los flojos de la clase de la Universidad de Chile, con tratamientos especiales desde algunos profesores de izquierda, terminaron de profesores de casa de Bello. Esto ha dañado al país, ya que esos activistas, sin méritos académicos, hoy nos gobiernan. Su mala gestión deja evidencia de sus incapacidades, aprendieron poco. Esto daña a la Universidad de Chile y a otras universidades, ya que aclara que algunos de los títulos, grados académicos otorgados son más que dudosos. No dan garantía de conocimiento ya que fueron otorgados por secretaría. Hace dudar también de la valía de su planta académica. Esto enloda a los profesores buenos con los que cuenta el plantel.
Por estas razones, los activistas universitarios, que hoy son gobierno, se ganaron el epíteto de los “hijos tontos de los ricos”. Eran los que no daban el ancho en lo académico, con pocas capacidades de trabajo, pulmones vírgenes de hecho, pero “vivos”, buscaron y crearon el camino para enriquecerse. Prometiendo a los ilusos el “paraíso terrenal” en este mundo, se presentaron como “luchadores sociales”. Con mentirosos y acalorados discursos, empapados de odio de lucha de clases, lograron ganar escaños de representación popular. Pero no velaron por sus representados, sino que demostraron que buscaban arreglarse ellos, a costa de los demás. Mintieron, engañaron y robaron sin pudor.
Al ser descubiertos, en el caso de Democracia Viva se victimizaron, actuaron para tapar el caso. Mintieron frente a las cámaras ante los ojos de todo Chile. Mientras tanto, nadie devolvió los dineros. Catalina Pérez siempre fue culpable y sus cercanos sabían. Cabe preguntarse ¿Quiénes sabían? ¿Sabía el Presidente? Si es así, es precisamente por la idea que ellos están sobre el bien y el mal, lo que los hace callar, engañar, sin siquiera arrugarse. Esa idea, que atenta contra la igualdad ante la ley, es la que evidencia que no son democráticos, ya que esa igualdad, la única real y posible éticamente, es uno de los pilares de la democracia liberal. Esperemos que el desafuero, ante la flagrante evidencia de complicidad de la diputada, se ejecute con premura y que paguen con cárcel quienes ameriten esa pena y por supuesto, que devuelvan los dineros. Chile entero espera y eso es lo justo.
Este caso es de extrema gravedad y lo peor es que no es el único. ¿Qué pasa con Pro-Cultura? ¿Dónde están esos dineros? ¿No han embargado al psiquiatra Larraín para que devuelva lo desfalcado? ¿Hay alguien preso? ¿Cómo se recupera el dinero fiscal perdido? ¿Se asume la pérdida? Ese es al problema del “botín del Estado” es el camino fácil para que gente “penca” viva a costa de todos. Es decir, la cuenta siempre la paga usted.
Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora, para El Líbero
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