Escribo esta columna especialmente para lectores de derecha, todas las derechas, que puedan estar confundidos por la distancia sideral entre quienes en el sector afirman que el acuerdo con el gobierno de Boric en pensiones es necesario, resuelve un problema y consolida el sistema de capitalización y quienes, por el contrario, creemos que es una muy mala reforma. Mis armas para intentarlo son las palabras de alguien con conocimiento del tema y que no teme decir la verdad. La recomiendo también para personas de buena voluntad que no adscriben a la derecha.
Las indicaciones presentadas por el gobierno hace una semana, ofrecieron a los negociadores de la derecha, los senadores Coloma y Galilea, una salida al descontento de las bases interpretadas por el lema “Con mi plata NO”, que rechazaban que parte de la cotización fuese a reparto y exigían que todo fuera a las cuentas individuales de los trabajadores. La ministra Jara ofreció una solución: el artículo 1 de las indicaciones señala en su numeral 1) “Un 6% de la remuneración imponible del trabajador o trabajadora afiliada se destinará a sus cuentas de capitalización individual, sin perjuicio de lo señalado en el literal b) siguiente…”
Problema resuelto, Guillermo Ramírez podría citar este párrafo para desmentir a quienes lo acusaban de no cumplir su promesa. Pero, cuidado, viniendo de donde viene, hay sospecha de una impostura en la solución ofrecida. El literal b) que se menciona, y que es parte del artículo 1, señala: “Un 1,5% de la remuneración imponible destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional establecido en la presente ley para financiar el Beneficio por años cotizados y el Aporte con Rentabilidad Protegida”.
Ese Fondo Autónomo de Protección Previsional se crea para administrar el reparto y es permanente. El Aporte con Rentabilidad Protegida es lo que en un principio se denominó préstamo, al cual nos referiremos más adelante. O sea, el 6% irá a las cuentas de capitalización individual, sin perjuicio de que… el 1,5% no, al menos no antes de 30 años.
Pero esta supuesta concesión de Jara no le iba a salir gratis a los senadores. A cambio, la ministra introdujo nuevos puntos de cotización para reparto; el FAPP estatal (en términos que nunca estuvo en la negociación) recibirá en total 4 puntos de cotización, que incluyen los 1,5% del ex préstamo y 2,5 para financiar otros beneficios de reparto, entre los que se incluye lo que actualmente se destina al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Ya no se trataba de 0,5 puntos, ni uno. Serían 4 puntos a reparto.
Que se afirme que porque el 6% iría a las cuentas (4,5 por ahora), no habrá reparto, en circunstancias que el total de la cotización llegaría ahora 8,5% es una suerte de burla. Como si el 6% fuera una cifra mágica que no hay que tocar, aunque después se le agreguen otros 4 (en rigor 4 menos lo que hoy va al SIS). ¡La promesa era que no habría cotizaciones para reparto!
Para arreglar los problemas semánticos de los políticos de gobierno y oposición se terminaron aprobando algo más de 7 puntos adicionales de cotización (8,5 menos el actual SIS que ya se paga) que recaen sobre los trabajadores formales y las empresas, en medio de una emergencia laboral con 200.000 empleos desaparecidos y casi un tercio de los ocupados en calidad de informales. Esto es un mazazo para quienes buscan trabajo y especialmente para las Pymes de todo Chile. Distintos cálculos sitúan entre 180.000 y 780.000 los empleos adicionales que se perderán, muchos más que los incluidos en el informe de la Dipres. ¿No será mucho costo para dejar contentos a algunos?
Vamos al “préstamo” o Aporte con Rentabilidad Protegida como se le llama ahora. Éste surge porque el gobierno quiere gastar más plata ahora mejorando las pensiones actuales, lo que lo favorece políticamente, y eso tuvo apoyo de los senadores de oposición. Esto puede ser discutible pero no es ilegítimo. ¡Háganlo entonces de manera transparente! Endeuden al Fisco, o suban los impuestos. Pero no; lo hacen de manera encubierta con este mecanismo del Aporte, quizás porque no quieren que se refleje en la deuda pública deteriorando más las cifras fiscales de Mario Marcel.
Otra de las razones por la que a mi juicio esta es una pésima reforma es que, desmintiendo a los que afirman que aquí se consolida el sistema de capitalización (nada se consolida con los comunistas al frente), se hace un retroceso inexplicable en nuestro sistema al consolidar el reparto.
El Fondo Autónomo de Protección Previsional, tiene carácter permanente, será administrado por el IPS (serían 405 pegas bien pagadas designadas por el gobierno de Boric, con un costo anual de 30.000 millones). Queda así consolidada la institucionalidad del reparto. El fondo no sólo administrará las cotizaciones a las que nos hemos referido (1,5 + 2,5), sino también aportes fiscales. ¡Tiene la facultad de modificar y crear beneficios! Imaginen a los políticos del futuro creando nuevos beneficios. ¿Cuánto se demorarán en hacer crecer el componente de reparto del sistema, agregando otro puntito para algún fin que suene noble? Este es uno de los mayores factores de incertidumbre acerca de los efectos fiscales de la reforma: ésta introduce incentivos para gastar permanentemente más recursos fiscales. Es más, introduce un dispositivo para presionar a mayor gasto público, característico del reparto, que es lo que tiene en bancarrota a muchos sistemas de pensiones en el mundo.
El componente de capitalización, en cambio, sufre varios embates con el proyecto. La minuta del gobierno, ratificada por Jara y Elizalde, anuncia un proyecto de ley para crear el inversor público, con lo cual el Estado entrará de lleno a disputar el control del mercado de capitales. La licitación de afiliados, sin posibilidad para éstos de excluirse a priori del proceso, permitiría al Estado competir deslealmente en el mercado de administración de fondos, pues sabemos que los entes públicos pierden plata y no quiebran. Esa ley es de quórum simple, de modo que le bastará al gobierno “convencer” a un par de honorables para tener al Estado manejando un tercio del ahorro previsional en unos pocos años más. Se supone que los senadores de derecha habían dicho que la licitación de afiliados era incompatible con un administrador estatal de fondos. Bajo sus narices lo harán mediante otra ley. ¿Es eso negociar de buena fe? ¿No amerita un paralé?
Además, se rebaja el encaje de las AFP para posibilitar más competencia, lo que puede ser razonable, pero la rebaja sería del 90%, lo que permitirá crear y hacer crecer administradoras para gestionar 20.000 millones de dólares, con un capital de menos de 10 millones de dólares. En un sistema que en más de 40 años no ha perdido un peso, no ha experimentado un fraude y demostró que los fondos están allí, intactos para el momento de la jubilación. ¿No será mucho?
Por último, me resulta inexplicable que parlamentarios de centroderecha contribuyan a una política pública que quedará en los anales de las políticas públicas como destructora de valor. Chile tuvo en 1981 la fortuna, la sapiencia o el liderazgo, llámenlo como quieran, de anticiparse a un fenómeno que está ocasionando grandes problemas al mundo: el llamado impuesto demográfico. Cada día se gasta más para sostener sistemas de pensiones de reparto, que caen gradualmente en la bancarrota por el envejecimiento de la población. Con la reforma de 1981 Chile detuvo el taxímetro de ese impuesto. Dejó de endeudarse para financiar pensiones futuras. ¡Ahora estamos echando a andar el taxímetro otra vez!
Permítanme una última metáfora para terminar. El reparto con este cambio demográfico es una ola gigantesca que se le viene encima al mundo, un tsunami que arrasará con las economías de los países. Con la reforma de 1981, Chile se alejó varios cientos de kilómetros de la ola, minimizando así el daño. Ahora, 44 años después, nuestros políticos nos ponen a correr en dirección a la ola. Creo que estos argumentos deben ser al menos contestados y no exigir a los diputados tomar una decisión en 24 horas en un asunto tan trascendente.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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