Los accionistas minoritarios de Azul Azul, Daniel Schapira Eskenazi y Eduardo Schapira Peters, a través de Inmobiliaria DSE Limitada, interpusieron ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal contra Michael Mark Clark Varela e Inversiones Antumalal Limitada por presunto fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). El documento señala que estas acciones violan el “artículo 61 letra a) y el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores”, configurando un “delito económico de primera categoría”.
El artículo 61 sanciona con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo a quien defraude a otro “adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley”.
Según consta en la acción judicial, los querellantes recuerdan que Michael Clark, a través de Antumalal Ltda., pasó a detentar indirectamente el 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. mediante una operación ejecutada el 13 de diciembre de 2024. Esta transacción fue realizada “de manera clandestina” y sin cumplir con la obligación de efectuar una OPA dirigida a los accionistas de la sociedad, dicen. El precio pagado por Clark y su sociedad también ha sido objeto de críticas: “los US$5,7 millones supuestamente pagados por Antumalal a Sartor S.A. equivalen a un valor de $219,3 por acción”, monto significativamente inferior al precio de mercado, que en esa fecha ascendía a $550 por acción.
El documento detalla que “la adquisición indirecta de acciones de Azul Azul aquí controvertida resulta subsumible bajo la hipótesis contemplada en la letra a) del artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores”, que establece la obligatoriedad de lanzar una OPA cuando “las adquisiciones de acciones, directas o indirectas, de una o más series, emitidas por una sociedad anónima abierta” permitan tomar el control de una sociedad.
Además, subraya que, al momento de realizar la operación, “Michael Clark contaba con todos los antecedentes para inferir el carácter delictivo de la omisión de OPA”.
La querella señala que los querellantes cuentan con una participación significativa en Azul Azul S.A., ya que Eduardo Schapira Peters posee 194 acciones de clase B como persona natural, mientras que la sociedad Inmobiliaria DSE Limitada, a través de la cual también participan, es titular de 9.580.891 acciones de la misma clase, lo que en conjunto representa el 21,44% de la propiedad de la concesionaria.
La querella también menciona el rol del Grupo Sartor, antiguo controlador del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a través del cual se controlaba Azul Azul. “Durante el año 2024 comenzó un proceso de auditoría practicado por la CMF a la sociedad del Grupo Sartor, Sartor Administradora General de Fondos S.A.”, un proceso que detectó “situaciones que daban cuenta de escenarios de conflictos de interés” y derivó en “la revocación de la autorización de existencia otorgada a Sartor AGF”, afirman. En ese contexto, la venta de las cuotas del Fondo Tactical Sport a Michael Clark fue realizada “a puertas cerradas” y “sin informar al público ni a los accionistas de Azul Azul”.
La acción penal es patrocinada por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann.
“Venta clandestina”
La querella resalta que el anuncio del cambio de controlador se realizó “intempestivamente” el 20 de diciembre de 2024, mediante un comunicado publicado en el sitio web del club deportivo Universidad de Chile. Este hecho, según los querellantes, provocó un impacto significativo, generando “renuncias de directores clave en la sociedad” y una reacción inmediata de la CMF, que solicitó aclaraciones al respecto.
En respuesta a las consultas de la CMF, Michael Clark indicó que “con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Limitada adquirió 6.354.981 cuotas, de la serie única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de USD 0,90 cada cuota”. Sin embargo, la querella sostiene que esta transacción se realizó incumpliendo con “las normas de Oferta Pública de Adquisición de Acciones contenidas en el Título XXV de la Ley de Mercado de Valores”.
El documento también pone énfasis en que el precio pactado para la adquisición fue “altamente perjudicial para la compañía y sus accionistas”, y cuestiona por qué Sartor S.A., en medio de un proceso de liquidación judicial, habría aceptado vender a un precio tan bajo. “El anuncio por parte de Clark de su intención de adquirir el 100% de las acciones serie B de Azul Azul simplemente transparenta, sin tapujos, que ese fue su objetivo todo el tiempo y que la operación de 13 de diciembre de 2024 fue solo un medio clandestino, fallido y delictivo para alcanzar tal fin”, asegura la querella.
Por último, la acción penal solicita que se investigue a fondo esta operación y se apliquen las máximas penas establecidas por la ley para este tipo de delitos. “La clandestinidad de la transferencia sembró aún más dudas en torno al control y la administración de Azul Azul”, concluye el documento.
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