El gobierno del Presidente Gabriel Boric mantiene la postura de no romper del todo las relaciones diplomáticas con Venezuela pese a posible vinculación del régimen de Nicolás Maduro en el crimen del exteniente Ronald Ojeda.
La posición del Ejecutivo fue ratificada este viernes por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, mientras participaba de la inauguración de la Subcomisaria de Carabineros de Malloco, Peñaflor.
“El gobierno de Chile no está de acuerdo en ese método. Creemos que el día que uno corta relaciones, una gran noticia, suena muy bien, al día siguiente no avanza más la justicia, no se facilitan las investigaciones, no se mejora la condición de los migrantes chilenos que están allá o de los venezolanos que están acá, no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano”, explicó la jefa de gabinete.
En esa misma línea, la secretaria de Estado apuntó que “en muchos otros casos de este tipo, quiero recordar, víctimas chilenas de la dictadura, de delitos que se cometieron fuera del territorio nacional, nunca fue un factor que ayudara que estuvieran rotas las relaciones” y que “la manera en que se pudieron investigar muchos de esos delitos fue en el contexto de relaciones diplomáticas, pero a la vez de firmeza de los Estados respecto a exigir la justicia”.
“El tener relaciones no es complacencia. En un estándar diplomático y en ese estándar, para nosotros, la democracia, el valor de la justicia, el respeto de la ley, no solo tiene el mismo valor, tiene aún más, respecto a un país con el cual se guardan relaciones diplomáticas”.
Las declaraciones de la titular de Interior se dan luego que en la jornada de este jueves el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que al menos un testigo de la causa, que lleva el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, sindica al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Caracas, Diosdado Cabello, como responsable del encargo y pago de delito a una célula del Tren de Aragua.
Es que la tesis del fiscal Barros, como evidenció durante esta semana, es que el secuestro y posterior asesinato del disidente venezolano tuvo un móvil político vinculado al régimen chavista. El persecutor recordó que poco antes de los hechos ocurridos en territorio nacional, Ojeda había viajado a su país de origen para ser parte de una operación que buscaba derrocar a Maduro.
Tohá también fue inquirida respecto a si, a juicio del gobierno, el N°2 del chavismo debería emitir una declaración tras estos nuevos antecedentes.
“En relación a lo que debería hacer el señor Diosdado Cabello, la verdad no esperamos nada de sus actuaciones. Nosotros lo que confiamos es en la actuación de nuestras instituciones y de las instituciones internacionales. Ahí vamos a apostar y ahí creemos que podemos hacer una diferencia”, respondió.
La ministra, ayer jueves, ya había adelantado el camino a seguir si la investigación llega a esta conclusión: “Hay cosas evidentes que haríamos, una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional”.
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