Al intentar aprobar esta nueva versión de reforma de pensiones, entre gallos y medianoche (cuando todos los parlamentarios tienen más ganas de irse de vacaciones que de revisar cuidadosamente los cientos de páginas que detallan la reforma que el gobierno quiere implementar), la clase política chilena nuevamente da muestra de irresponsabilidad y levedad. Las verdaderas causas del estancamiento económico que ha vivido Chile por más de una década es que nuestra clase política no da el ancho. El gobierno y el Congreso prefieren tomar medidas populares que nos empujan por el mal camino que tomar las decisiones difíciles que obligan al sacrificio hoy para conseguir mejores resultados mañana.
No hay nada más lamentable que no saber aprender de los errores. Después del estallido social de 2019, la clase política estaba aterrorizada. Cobardemente, optó por el mal camino de iniciar un proceso constituyente para responder al descontento social. Si bien la gente estaba molesta por las bajas pensiones y por la falta de oportunidades -producto del estancamiento económico que ha vivido Chile por más de una década- la clase política prometió que la nueva Constitución sería una píldora mágica que vendría a solucionar los problemas del país. Desconociendo la evidencia acumulada en América Latina que muestra que los procesos constituyentes no solucionan los problemas estructurales de la región, la clase política además diseñó malas reglas para un proceso que empezó mal y terminó todavía peor. Desde las excesivas cuotas para pueblos originarios hasta las reglas que permitieron a independientes competir como si fueran partidos políticos, el proceso estuvo mal diseñado desde el inicio. Aunque muchos comprensiblemente celebraron que los chilenos terminaran rechazando ambas propuestas constitucionales, el tiempo, recursos y energía perdidos en esos cuatro años han contribuido a empeorar la situación del país.
Por cierto, la cadena de errores y malas decisiones venía desde antes. La mal diseñada reforma tributaria aprobada en el segundo gobierno de Bachelet, la obsesión de gobiernos de derecha e izquierda por creer que los problemas se solucionan creando nuevos ministerios, los retiros de los fondos de pensiones durante la pandemia, la reforma electoral de 2015, y la invención de múltiples nuevas regulaciones que frenan la inversión y creación de empleos son ejemplos adicionales que muestran que la clase política chilena nos está llevando por un mal camino.
Ahora, el gobierno y los partidos tradicionales de derecha se han puesto de acuerdo para aprobar una reforma de pensiones, apresuradamente y sin que se produzca el necesario debate sobre las consecuencias de la reforma.
No basta con decir que la reforma se ha venido debatiendo por 10 años. El contenido de la reforma que se va a pasar no es lo mismo que se ha debatido. Las cotizaciones pasarán de 10% a 17% del sueldo bruto mensual de los trabajadores formales. Si bien, eventualmente, un 14,5% de las cotizaciones irá a las cuentas individuales, la forma en que se implementará el sistema dará prioridad a las nuevas cotizaciones para que vayan directamente al Estado para financiar las pensiones de las personas que actualmente están jubiladas. El mal llamado «préstamo» obligatorio de 1,5% del PIB (además del impuesto adicional de 1% al trabajo) tendrá consecuencias inevitables sobre el mercado laboral formal y la inflación que no han sido debidamente analizadas. En síntesis, estamos avanzado a oscuras en un terreno desconocido de forma apresurada porque las autoridades se quieren ir de vacaciones.
Si de verdad hay tanta urgencia para aprobar esta reforma, los legisladores y los negociadores del gobierno bien pudieran saltarse las vacaciones -como hacen obligadamente millones de chilenos- y dedicar el mes de febrero en su totalidad a estudiar la propuesta acordada a última hora entre el gobierno y los representantes de la oposición. Pero votar sobre un documento que ya se acerca a las 1000 páginas en un fin de semana, sin tener la oportunidad de entender todas las implicaciones de la reforma, es una receta infalible para seguir empujando el país por el mal sendero de la improvisación y el aumento desmedido del gasto público.
Cualquier persona medianamente responsable sabe que no se puede aumentar el gasto precisamente cuando no están aumentando los ingresos. Tratar de mejorar las pensiones creando un impuesto a los trabajadores formales hoy no es sólo hambre para mañana. Es también más empleo informal y, por lo tanto, menos ingresos para el fisco y menos ahorros para las pensiones futuras.
Como el único argumento que tienen los que empujan por aprobar esta reforma apresuradamente es que quieren irse pronto de vacaciones, resulta razonable dudar de la conveniencia de aprobar esta reforma. Si de verdad es tan importante aprobar una reforma bien hecha, los legisladores bien pudieran seguir trabajando todo el mes de febrero. Nunca es una buena idea hacer las cosas a la ligera y de forma apresurada. Especialmente cuando las consecuencias de esta reforma nos perseguirán por varias décadas. No hay nada más dañino para los países que tener una mala clase política. Lo que estamos viendo hoy en las negociaciones entre el gobierno y el Congreso auguran un mal futuro para la república.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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