El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) —liderado por María Corina Machado— exigió la liberación de los más de 1.600 presos políticos del país, entre ellos varios miembros de la formación y de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
A través de X, el comité aseguró que los colaboradores de VV en el estado Yaracuy (oeste) Zyad Naime, Carmen Salazar y Yerwin Torrealba permanecen detenidos “arbitrariamente” por “representar a la ciudadanía y ejercer derechos políticos”.
“Ellos forman parte de los más de 1.600 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Pero no hay cadenas que puedan detener la justicia ni apagar el clamor de un pueblo decidido”, manifestó.
Asimismo, afirmó que Juan Iriarte, dirigente de VV en el estado La Guaira (norte), permanece “detenido arbitrariamente” en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, y requiere —asegura el comité— “atención médica urgente”.
“Iriarte padece múltiples patologías: hipertensión, asma, es operado del corazón y tiene el esternón abierto. Sus familiares temen por su condición de salud, la cual está cada vez más complicada. El régimen es responsable de lo que ocurra con su integridad física”, indicó VV.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas fueron arrestadas en el contexto de las protestas poselectorales contra el fraude cometido por Maduro en las elecciones a las que la Fiscalía acusó de generar “violencia”, una cifra mayor a la del Foro Penal, que solo incluye casos reportados y verificados, y excluye a aquellos que han cometido delitos.
Esta organización no gubernamental contaba hasta esta semana 1.601 “presos políticos”, la mayoría de ellas detenidas en la crisis poselectoral, mientras que la Fiscalía asegura que en el país no hay personas arrestadas por estos motivos, sino que cometieron varios delitos.
El sábado, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, reportó que un total de 1.896 personas han sido excarceladas, con medidas cautelares, una cifra que el Foro Penal asegura no haber confirmado.
La CIDH denunció al régimen
Por otra parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, Gloria De Mees, denunció el viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las “violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto electoral”.
De Mees compareció ante la organización para presentar el informe ‘Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones’.
El extenso documento recoge, según dice, evidencias de que el régimen de Maduro llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.
Este informe no fue elaborado tras una visita de la CIDH al país caribeño, sino a través de fuentes primarias y secundarias de información.
De Mees compareció por videoconferencia en la OEA para explicar el análisis a los países reunidos, que ya habían recibido una copia previamente.
“El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos”, aseguró la relatora durante su exposición.
El informe acusa a Maduro de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Además, asegura que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
Por su parte, el secretario general de la organización, Luis Almagro, pidió solidaridad a los países miembros del organismo ante “la crisis que sufre Venezuela”.
“Tenemos que mostrar solidaridad ante el ataque de la libertad de expresión, ante la persecución de niños y adolescentes, y las víctimas de tortura”, pidió.
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