Diversos parlamentarios de oposición han reaccionado de manera contundente a las recientes declaraciones de la diputada Catalina Pérez (ex FA), quien reiteró su inocencia en relación al caso Democracia Viva y cuestionó el actuar de la Fiscalía.

En una entrevista con La Tercera, Pérez defendió su postura, afirmando que «equivocarse políticamente» no debería conllevar consecuencias penales. La legisladora enfrenta una investigación por tres delitos de fraude al Fisco, vinculada a una solicitud de desafuero parlamentario que se encuentra en manos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Pérez insistió en que nunca fue parte de la fundación Democracia Viva, ni participó en la firma de convenios ni se benefició de estos, una posición que ha mantenido en diversas ocasiones. Sin embargo, estas declaraciones llegan tras la filtración de chats de la carpeta investigativa, los cuales parecen vincularla directamente a la gestión de convenios millonarios a la fundación, presidida por Daniel Andrade, su entonces pareja. Los mensajes revelan que Pérez estaba al tanto de la entrega de los convenios y que conversó con el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, sobre el tema antes del estallido del caso, un hecho que había sido previamente negado por la diputada.

Reacciones de la oposición

La respuesta de los diputados opositores fue inmediata. El diputado Cristian Araya (Republicanos) criticó duramente a Pérez, asegurando que está «a punto de perder su fuero» y ahora intenta presentarse como «víctima». Araya expresó que no se debe subestimar la inteligencia de la Fiscalía ni de los ciudadanos y pidió que se desafuere a Pérez para que enfrente la justicia.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) también se mostró en desacuerdo con las declaraciones de la diputada, comparando su actitud con la que habría tenido un alto cargo de derecha en una situación similar, sugiriendo que ya habría sido obligado a renunciar.

Por su parte, la diputada Karen Medina (IND) lamentó la lentitud en el proceso judicial, sugiriendo que los aliados del presidente Gabriel Boric intentan proteger a Pérez, y expresó su deseo de que se resuelva pronto con un desafuero.

El diputado Roberto Arroyo (PSC) también se unió a las críticas, acusando a Pérez de querer victimizarse y de desviar la atención de su implicación en el caso convenios. Por último, la diputada María Luisa Cordero (RN) instó a que Pérez enfrente el proceso judicial y pase a la cárcel, debido a su involucramiento en lo que considera el «mayor caso de corrupción» en la historia de la política chilena.

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