Las cifras fiscales de 2024 eran altamente esperadas por los analistas y el mundo económico, debido a las diferencias respecto a las proyecciones realizadas para la Ley de Presupuestos de ese año y que el propio Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) debieron ir ajustando fuertemente.
El viernes se conoció el Informe de Ejecución del Gobierno Central correspondiente al Cuarto Trimestre del 2024.
“El balance de diciembre de 2024 resultó en un déficit del Gobierno Central Total de -0,2% del PIB, lo que corresponde a $ 670.210 millones, acumulando un déficit en el año de $ 8.880.648 millones equivalente a un -2,9% del PIB estimado para el año”, señala el informe.
El texto dado a conocer por la Dipres detalla que “la variación real en 12 meses del promedio móvil de los ingresos del Gobierno Central Total en diciembre fue de 1,0%, mientras que la variación de los gastos del Gobierno Central Presupuestario fue de 3,5%”.
El déficit fiscal de 2,9% del PIB en 2024 se ubica por sobre el 1,9% del PIB proyectado en ley de presupuesto. Y la deuda pública cerró el año en 42,3% del PIB, según el informe, también sobre lo esperado.
El principal problema fue que el aumento de los ingresos fiscales durante el año llegó a 1%, cuando en la proyección inicial de Hacienda para 2024 se anticipaba un aumento de recursos de 5,7%. Esta proyección de crecimiento se fue ajustando durante el año, y en septiembre, cuando se dio a conocer el proyecto de ley de Presupuestos 2025 y el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, la estimación ya iba en un alza de 5,3%, lo que equivale a $70.135.754 millones. Sin embargo, Dipres informó que los ingresos terminaron totalizando solo $67.283.221 millones, es decir, $2.852.533 millones menos.
Las principales diferencias en ingresos se dieron en la “tributación del resto de contribuyentes” (los que no corresponden a las grandes mineras), que subió 4%, mientras se esperaba un alza de 9,9%, lo que son casi $3 billones (millones de millones) de diferencia.
También se recaudó unos $364 mil millones menos por rentas de la propiedad, lo que se explicaría por menores pagos de SQM y Albemarle a Corfo por los contratos de explotación de litio, en línea con la reciente evolución de la cotización del mineral.
Mientras, Dipres informó que el gasto del Gobierno Central totalizó $76.163.870 millones durante 2024, un alza de 3,5% real anual, en línea con lo proyectado en el último IFP.
En este contexto, el gobierno hizo uso durante el año del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), lo que generó críticas entre parlamentarios y expertos en su momento.
A principios de octubre se realizó un retiro por US$ 1.000 millones desde el FEES, que según explicó el Ejecutivo fue con el propósito “de apoyar el financiamiento del presupuesto del Estado en lo que resta del año, en línea con lo aprobado por el Congreso durante la discusión respecto del financiamiento en el marco de la tramitación legislativa del erario fiscal de 2024″.
Este monto se suma a los retiros efectuados en enero y junio, por US$ 800 millones y US$ 607 millones, respectivamente. Pero como el retiro de junio fue utilizado para financiar el aporte anual al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), no implica una disminución neta de los activos externos del fisco. Además, la rentabilidad de los activos, medida en dólares, cayó en el año 0,13%.
Así, se llegó a diciembre con recursos por US$3.618,2 millones en el FEES, 40% menos que a fines de 2023, cuando el FEES sumaba activos por US$6.030,11 millones. El monto con el que cerró el año pasado es de hecho el menor desde 2021 -en plena pandemia-, cuando esos recursos fueron utilizados para las medidas de emergencia económica que generó el Covid-19. Ese año cerró con US$ 2.457 millones.
Para tener una referencia, en 2019 el FEES tenía recursos por US$ 12.233 millones; en 2020 bajó a US$ 8.955 millones.
En octubre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió los motivos de que llevaron a retirar esos recursos. “Tenemos que recordar que cuando se discutió la ley de presupuesto 2024, la oposición exigió que se redujera el límite de endeudamiento en US$3 ml millones, pero señalamos que era muy probable que no sería suficiente para resolver las necesidades de financiamiento dentro del mismo presupuesto y por esa misma razón se incluyó dentro de la ley una autorización para retirar hasta US$3 mil millones del FEES. En la práctica vamos a retira un poco más de la mitad”.
La discusión por el uso del FEES se instaló en la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, y se incorporó de manera inédita una indicación en la que el gobierno tiene que pedir permiso al Congreso si requiere hacer un giro superior a los US$1.000 millones durante el año.
Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, señala que “este resultado era esperado, toda vez que dentro de la Ley de Presupuestos del año 2024 ya se incorporó directamente el uso del FEES para financiar, a partir de necesidades de caja, el presupuesto público. Por lo tanto, no sorprende el resultado, pero sin lugar a dudas, debilita la posición fiscal en Chile, toda vez que en la práctica el FEES se terminó usando, no para el fin que uno quisiese que se utilizase, que es coyuntura de shocks económicos que genera un debilitamiento muy importante en la actividad. Ahora, si bien, el FEES tiene la posibilidad de ser usado en situaciones más normales de la economía, como vimos en el año 2024, este resultado no es positivo y también refuerza la idea de un escenario fiscal bastante debilitado, con un déficit fiscal efectivo que llegó a casi un 3% del PIB y un nivel estimado de deuda bruta para el cierre del año 2024 que supera el 42% del PIB”.
Por su parte, el economista Jorge Hermann, de Hermann y Asociados, agrega que el FEES “es necesario reformarlo para que su objetivo sea un fondo de contingencias para circunstancias especial que sean precisadas en la ley. Hoy el FEES representa el 1,2% del PIB y las recomendaciones del FMI es tener un fondo de contingencias entre 5% a 7% del PIB”.
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