Un operativo policial efectuado en 2024 en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, dejó al descubierto una red de contrabando de medicamentos que operaba desde una bodega clandestina. Ahí se incautaron más de 10.000 unidades de fármacos que serían comercializados de manera ilegal, entre los que se encontraban analgésicos, antifebriles, antiinflamatorios y psicotrópicos, todos sin certificación sanitaria y, en algunos casos, con fechas de vencimiento alteradas.
La diligencia se concretó gracias a una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) que identificó el recinto como centro de distribución ilegal. En el lugar los productos eran almacenados y luego los promocionaban a través de redes sociales y Marketplace de Facebook para su comercialización, aprovechando el acceso masivo y la falta de supervigilancia en estas plataformas.
Pero lejos de ser un caso aislado que dejó a tres personas detenidas, el caso de La Granja refleja una problemática que para efectivos de la PDI va en ascenso. Y es que de acuerdo con cifras detalladas por el detective Juan Quezada, subprefecto de la Brigada de Delitos Contra la Salud Pública (Bridesma) Metropolitana, “los decomisos de medicamentos ilegales aumentaron un 35% entre 2023 y 2024, con un total de 1.200 operativos realizados en todo el país durante el último año”.
Y entre los productos requisados que más se repiten, como indica, aparecen “analgésicos, antifebriles y antiinflamatorios, como paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco e inductores del sueño como la zopiclona y quetiapina”.
Un problema creciente y diversificado
El delito de tráfico de medicamentos y productos farmacéuticos en Chile presenta una marcada connotación urbana, siendo más frecuente en ciudades con alta concentración poblacional. Y, en línea con ello, en la Región Metropolitana la Policía de Investigaciones ha registrado un aumento significativo en la incautación de estos elementos, pasando de 1.282.518 dosis en 2023 a 1.685.596 dosis en 2024, lo que refleja un incremento de un 31% (403.078 dosis).
Al respecto, el subprefecto Juan Quezada indica que este aumento en las incautaciones se debe, en parte, a un cambio de estrategia investigativa que ha pasado de procedimientos flagrantes en ferias libres a una identificación más precisa de distribuidores y grandes proveedores.
“Desde el año 2021 hemos desarrollado una estrategia para abordar este tipo delictual, que se abocó a obtener información residual de procedimientos flagrantes en ferias libres y vía pública, donde se ofrecían pequeñas cantidades de medicamentos. Esto nos permitió identificar el mecanismo de adquisición y distribución”, sostiene el detective.
Según se ha podido establecer, en Santiago, los principales centros de distribución ilícita operaban bajo la fachada de farmacias establecidas, aunque sin autorización sanitaria, lo que ponía en riesgo la salud pública. Igualmente, el espacio virtual se ha convertido en una nueva herramienta para la comercialización ilícita, por lo que quienes venden estos productos utilizan redes sociales y plataformas en línea, lo que también ha dificultado su identificación.
En términos de colaboración, la PDI destaca el apoyo del Servicio Nacional de Aduanas y del Instituto de Salud Pública (ISP) en la identificación de contrabandos y la certificación técnica de medicamentos adulterados o falsificados: “Los diferentes servicios sectoriales, como Aduanas y el Ministerio de Salud, juegan un papel relevante, puesto que nos entregan evidencia técnica para la configuración de algún delito”, dice Juan Quezada.
De esta forma, el subprefecto adelanta: “En 2025, nos centraremos en desarticular asociaciones criminales relacionadas con el crimen organizado, reforzando la trazabilidad de los medicamentos desde su origen hasta su venta en la vía pública”.
Fiscalizaciones
Sergio Muñoz, jefe de Control de Comercio de Salud Pública (ISP), ha abordado los factores relacionados con el aumento en los decomisos de medicamentos entre 2023 y 2024, y como ha podido evidenciar, se trata de una situación que viene al alza desde años.
“El aumento ya viene desde 2016. Hemos visto que al menos en los decomisos que hacen las policías, hay más medicamentos presentes en la vía pública”, destacó en ese sentido el profesional.
En el mismo sentido, Muñoz asegura que el comercio ilegal de medicamentos como analgésicos e inductores del sueño, plantea riesgos significativos para la salud pública, pues su uso indebido puede causar daños renales, dependencia e incluso adicción. Además, alerta sobre la degradación de estos productos al no mantenerse bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad, lo que compromete su eficacia y pone en riesgo la vida de personas con patologías crónicas, como hipertensión.
El jefe de fiscalización del ISP releva que tras estos “negocios” no hay simples personas, sino que verdaderas estructuras criminales. “No son personas naturales que venden lo que compran; hay redes detrás de esto que lo manejan como un negocio”, señala Muñoz.
En cuanto a la efectividad de los operativos conjuntos con policías, municipios y delegaciones presidenciales, Muñoz afirma que estos han logrado desarticular redes de distribución y obtener datos clave sobre los canales de abastecimiento, permitiendo iniciar investigaciones más profundas.
Por lo mismo, el profesional destaca la estrategia diseñada por la PDI, que ahora está tras la desarticulación de estas organización.
De hecho, como subraya el subprefecto Quezada, ya están en lo que denomina una “fase 3″. “Nos encontramos en una tercera fase que está orientada principalmente a la detección de los grandes proveedores, con la finalidad de establecer la trazabilidad completa de los medicamentos, es decir desde que salen del circuito de distribución formal hasta que llegan al vendedor que se instala en la vía pública, identificando asociaciones delictuales o criminales junto a sus estructuras y jerarquías”, precisa.
Con miras a enfrentar este problema en el Congreso, una iniciativa legal busca endurecer las sanciones contra quienes comercialicen de manera irregular medicamentos, aunque para los citados expertos, hay que ir más allá.
“Los proyectos de ley que están en discusión, si se publican claro que sería un apoyo muy grande a las policías y para todos para combatir este comercio, pero también va a depender esto de que puedan existir herramientas adicionales que apoyen a las policías y a nosotros en el control del comercio ilegal”, sostiene.
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