Un operativo policial realizado en 2024 en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, destapó una red de contrabando de medicamentos que operaba desde una bodega clandestina. En el operativo, se incautaron más de 10.000 unidades de fármacos que serían comercializados ilegalmente, entre ellos analgésicos, antifebriles, antiinflamatorios y psicotrópicos, todos sin certificación sanitaria y, en algunos casos, con fechas de vencimiento alteradas.
La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo la diligencia tras una investigación que identificó el lugar como un centro de distribución ilegal. Los medicamentos se almacenaban en el sitio y luego se promocionaban en redes sociales y plataformas como Marketplace de Facebook, aprovechando su masivo acceso y la falta de supervisión en estos medios.
Aunque este operativo resultó en la detención de tres personas, el caso pone de manifiesto un problema creciente. Según el subprefecto Juan Quezada, de la Brigada de Delitos Contra la Salud Pública (Bridesma) Metropolitana, los decomisos de medicamentos ilegales aumentaron un 35% entre 2023 y 2024, con un total de 1.200 operativos realizados en todo el país.
Crecimiento y Diversificación del Tráfico
El tráfico de medicamentos en Chile tiene una fuerte presencia en áreas urbanas, especialmente en ciudades con alta concentración poblacional. En la Región Metropolitana, la PDI ha registrado un aumento significativo en la incautación de estos productos, pasando de 1.282.518 dosis en 2023 a 1.685.596 dosis en 2024, lo que representa un 31% de incremento (equivalente a 403.078 dosis).
El subprefecto Quezada atribuye este aumento a una nueva estrategia investigativa, que ha pasado de intervenir en ferias libres a identificar distribuidores y grandes proveedores. Desde 2021, la PDI se ha enfocado en obtener información residual de procedimientos en el ámbito público, lo que ha permitido desmantelar redes más organizadas y sofisticadas.
En Santiago, los principales centros de distribución ilegal operan bajo la fachada de farmacias no autorizadas, lo que representa un riesgo para la salud pública. A la vez, el espacio virtual se ha convertido en un nuevos canal de comercialización ilícita, donde se utilizan plataformas como redes sociales y marketplaces, lo que dificulta su detección.
Colaboración con otras instituciones y nuevas estrategias
La PDI ha resaltado la importancia de la colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas y el Instituto de Salud Pública (ISP) para la identificación de contrabandos y la certificación de medicamentos adulterados o falsificados. Según Quezada, en 2025, se enfocarán en desarticular asociaciones criminales relacionadas con el crimen organizado, reforzando la trazabilidad de los medicamentos desde su origen hasta su venta ilegal.
Riesgos y desafíos de la comercialización ilegal
El jefe de Control de Comercio de Salud Pública del ISP, Sergio Muñoz, señaló que el aumento de decomisos ya se había observado desde 2016, pero en los últimos años ha tenido un repunte significativo. Muñoz advirtió que la venta ilegal de medicamentos como analgésicos e inductores del sueño representa riesgos graves para la salud pública, ya que su uso indebido puede generar dependencia, daño renal e incluso poner en peligro la vida de personas con enfermedades crónicas.
El experto también destacó que detrás de estos negocios ilegales hay estructuras criminales organizadas. Según Muñoz, los operativos conjuntos entre policías, municipios y autoridades presidenciales han permitido desarticular redes de distribución y obtener datos clave para investigaciones más profundas.
Propuesta legislativa y medidas adicionales
A nivel legislativo, se está discutiendo una iniciativa legal que busca endurecer las sanciones contra quienes comercialicen medicamentos de manera ilegal. Sin embargo, tanto los expertos como las autoridades consideran que se requieren herramientas adicionales que respalden las acciones de las fuerzas de seguridad y los organismos de control, para enfrentar de manera más efectiva este fenómeno.
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