El Presidente Gabriel Boric promulgará este martes la nueva Ley Antiterrorista, luego de un respaldo unánime en el Congreso y la aprobación del Tribunal Constitucional (TC), que no presentó objeciones al texto final. Esta nueva normativa actualiza la anterior legislación, con el objetivo de hacerla más «eficaz y democrática», según lo declarado por el gobierno.

El proyecto de ley, que fue aprobado en diciembre, pasó por una última revisión del TC, que avaló el uso de tecnologías como el IMSI catcher, dispositivos capaces de rastrear celulares. Con la promulgación de esta ley, estas herramientas podrán ser utilizadas no solo para delitos terroristas, sino también para enfrentar crímenes relacionados con drogas, control de armas y organizaciones criminales.

Principales Modificaciones en la Ley

  1. Sanciones Penales Más Severas La nueva ley introduce penas penales más estrictas para aquellos que formen parte de organizaciones terroristas, independientemente de si estas cometen los delitos para los cuales fueron formadas. Las penas varían entre 5 años y 1 día y hasta 15 años, dependiendo del grado de involucramiento en la organización. Los líderes y financistas de las agrupaciones pueden enfrentar penas de 10 a 15 años de prisión, mientras que aquellos que recluten o entrenen miembros arriesgan entre 5 y 15 años de reclusión.

  2. Definición Más Clara de los Delitos Terroristas La normativa proporciona definiciones más precisas de los delitos terroristas, y establece dos delitos individuales, como la colocación de artefactos explosivos o incendiarios y los atentados contra autoridades del Estado con resultados graves, que se presumen terroristas sin necesidad de probar una intención adicional.

  3. Técnicas Especiales de Investigación La ley introduce técnicas especiales de investigación, como la interceptación de comunicaciones, el registro de equipos informáticos, la captura subrepticia de imágenes y sonidos, agentes encubiertos y entregas vigiladas. Además, incorpora el uso de IMSI Catcher, una herramienta clave para detectar y rastrear teléfonos móviles asociados con actividades delictivas.

  4. Facultades del Ministerio de Seguridad Pública El Ministerio de Seguridad Pública recibirá nuevas facultades, como la posibilidad de querellarse por delitos terroristas y proponer una Estrategia Nacional para la Prevención y Combate contra Conductas Terroristas, que también incluirá medidas de reparación para las víctimas de estos actos.

  5. Competencia Judicial Expandida Finalmente, la ley permite que el fiscal, en casos de alarma pública o alta complejidad, solicite a la Corte Suprema el traslado de causas relacionadas con terrorismo a tribunales de Santiago, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.

Con esta nueva legislación, el gobierno espera una respuesta más efectiva ante el terrorismo y los delitos graves, y reforzar las capacidades del sistema judicial y de seguridad pública para hacer frente a las amenazas actuales.

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