La Cancillería chilena está reuniendo antecedentes sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, con la intención de enviarlos a la Corte Penal Internacional (CPI). La recopilación está a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderada por el abogado Claudio Troncoso Repetto.
El objetivo sería aportar a la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en 2018 por la CPI tras una solicitud conjunta de seis países, incluido Chile. Si se confirma el vínculo del ministro venezolano Diosdado Cabello en el crimen, la información podría sumarse al expediente.
Aunque el gobierno ha manejado el tema con cautela, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que ya se está compartiendo información con la CPI y que podrían definirse nuevas acciones en los próximos meses.
La decisión se produce luego de que un testigo protegido señalara ante la justicia chilena que Cabello habría ordenado directamente el secuestro, usando al líder criminal “Niño Guerrero” como intermediario.
Desde Venezuela, la respuesta no se hizo esperar. El fiscal general Tarek William Saab criticó duramente a la Fiscalía chilena, lo que fue respondido por Tohá: “Mientras más bandas se desarticulan y más criminales se detienen, mejor se está haciendo el trabajo”.
Pese a todo, expertos advierten que para que la CPI actúe se necesita demostrar que estos hechos no son aislados, sino parte de una práctica sistemática. Algunos exdiplomáticos, como Teodoro Ribera y José Miguel Insulza, coinciden en que Chile puede colaborar con la investigación, pero recalcan que no basta con remitir antecedentes: se requieren pruebas sólidas y contexto para que el caso encaje en la competencia de la Corte.
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