El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, acusándola de actuar como cómplice en el caso Democracia Viva. Según el CDE, Pérez no solo conocía los convenios suscritos entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, sino que habría sido pieza clave en su concreción.
El organismo asegura que la parlamentaria intervino directamente ante funcionarios con los que mantenía vínculos de amistad y afinidad política, especialmente antes de que se firmaran los convenios por $426 millones. Se le acusa de haber usado su influencia para favorecer a su expareja, Daniel Andrade, representante legal de la fundación.
La querella sostiene que Pérez participó activamente en todas las fases del proceso, desde las gestiones iniciales hasta la ejecución de los contratos. Incluso, habría facilitado la simulación de una sede en Ñuñoa para cumplir con requisitos legales y estuvo al tanto de detalles clave, como los montos que se transferirían. El CDE afirma que Andrade le informaba cada paso.
Entre las pruebas, se incluyen chats donde ella propone crear documentos falsos para aparentar mayor antigüedad de la fundación y coordina estrategias para manejar la eventual filtración del caso. También habría participado en reuniones con Carlos Contreras, entonces seremi de Vivienda, a quien ella misma calificó positivamente tras uno de los encuentros.
Tras el estallido público del caso, el CDE señala que Pérez ayudó a construir el discurso público de defensa de Andrade, orientándolo sobre qué decir a los medios y planificando cómo desvincularla de los hechos.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público, lo que podría abrir la puerta a una formalización de cargos contra la diputada. El CDE también se sumará a esa audiencia.
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