Se cumplió un año de los megaincendios que se registraron en la Región de Valparaíso y que dejaron 132 fallecidos, 1.250 lesionados, 5.256 damnificados y 6.974 viviendas evacuadas. Se trató de uno de los más devastadores incendios forestales del país. Pero a la fecha, el gobierno no sólo recibe críticas por el lento proceso de reconstrucción, sino que también mantiene deudas con algunos de los proveedores que prestaron sus servicios para ayudar a solventar la emergencia.
Por ejemplo, a Ambipar Chile, que trabajó instalando baños químicos en los lugares donde se hallaban los afectados, el gobierno no le ha pagado ni un solo peso. La empresa, aunque prefirió no entrar en detalles sobre el monto exacto, asegura al ser consultada por El Líbero que la deuda es de más de 1.000 millones de pesos y que han podido facturar sólo un 25% del total.
A la fecha no han podido facturar el 75% del dinero que le adeudan desde el megaincendio
«Fuimos contactados por la Delegación Presidencial para proporcionar
el servicio de arriendo de baños químicos, con el objetivo de apoyar la respuesta a la
emergencia. Se arrendaron más de 800 baños químicos a través de tres contratos que
se renovaron mes a mes, que permitieron a los afectados contar con servicios
sanitarios básicos hasta julio de 2024 (…) En diciembre de 2024 no habíamos recibido pago alguno por estos servicios, acumulándose una deuda importante afectando el flujo financiero de la empresa«, señala Ambipar en una declaración que hizo llegar a este medio por escrito.
Actualmente, explica la empresa, no han podido facturar alrededor del 75% del monto adeudado, pero señalan que el panorama ha empezado a cambiar. «A la fecha, hemos logrado facturar aproximadamente el 25% de la deuda pendiente, lo que representa un avance significativo y el compromiso es que este porcentaje vaya aumentando dentro de los próximos días«, se indica en ese mismo documento.
Ambipar Chile: «Confiamos en que, durante febrero, (…) esta deuda sea saldada en su totalidad»
La empresa advierte que «la falta de pagos oportunos genera un impacto considerable en las operaciones de las empresas proveedoras y pone en riesgo la capacidad de estas para responder a futuras emergencias que pueda enfrentar Chile».
Pese a la demora en el pago, en la declaración agradecen «al gobierno y a las instituciones que han colaborado en este proceso de regularización de Ambipar y confiamos en que, durante febrero, de acuerdo al compromiso asumido por el gobierno, esta deuda sea saldada en su totalidad. Esto nos permitirá seguir contribuyendo al país con la seriedad y el compromiso que nos ha caracterizado por más de 20 años».
InvestChile, Senapred Central y la Subsecretaría del Interior han participado en estas gestiones, asegura la empresa.
A empresa transportista le terminarán de pagar $400 millones que debían cancelarle en julio
En la lista de afectados por la demora en los pagos se encuentra también MFM Transportes Eirl, que trabajó en Quilpué llevando alimentos y enseres a quienes quedaron sin casa. A esta empresa recién en estos días terminarán de cancelarle los 400 millones de pesos que a noviembre del año pasado aún le adeudaban. El servicio había sido solicitado por la Delegación Presidencial de Valparaíso.
«Hasta ahora nos habían venido abonando algunos montos», explica al ser consultado por este medio Mauricio Fernández, propietario de MFM Transportes Eirl, que en noviembre pasado, a nueve meses de la tragedia, aseguró a El Líbero que no le habían pagado «ni un peso», y que se encontraba en una situación financiera muy complicada debido a que había subcontratado para prestar el servicio.
Los dos contratos que en su momento firmó la empresa de transporte, a los que tuvo acceso este medio, debían ser cancelados, el primero, a finales de abril (porque se firmó el 28 de marzo y era a 30 días); y el segundo, a principios de julio (porque se firmó el 4 de mayo y era por 60 días).
Proveedores en otras emergencias: «En la Delegación de Biobío ni siquiera nos contestan el teléfono»
El caso de los proveedores del megaincendio y las trabas que han tenido que sortear para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric les pague no es una situación aislada ni nueva. Ya en tragedias anteriores empresas que ayudaron a solventar las emergencias se vieron luego en aprietos financieros por la falta de pago por parte de diversas delegaciones presidenciales o del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), instancias, ambas, que dependen del Ministerio de Interior.
«En la Delegación de Biobío ni siquiera nos contestan el teléfono», aseguran desde una empresa de las denominadas «de segunda respuesta», que en junio del año pasado, tras los temporales acudió con motobombas para trabajar en el desagüe de viviendas. Les adeudan más de 70 millones de pesos que debieron haber recibido a más tardar en agosto, es decir, hace cinco meses. Acceden a dar la entrevista siempre que no sean identificados, por miedo a que el pago tenga más retraso.
Aunque advierten que su compromiso es con la gente y que en principio no se negarían a ayudar en otra emergencia -no hay que dejar de tomar en cuenta que actualmente hay incendios forestales en varias regiones del país-, sí lamentan el trato que han recibido de parte del gobierno.
«No se entiende que nosotros los tratemos tan bien y nos traten así de vuelta, sin pagar y sin siquiera respondernos. No se justifica que haya pasado tanto tiempo desde que se prestó el servicio y aún no nos hayan pagado», denuncian.
Otro proveedor que también trabajó tras los temporales de junio pasado, pero en Marga Marga, asevera que les pidieron que se encargaran del desagüe de viviendas inundadas, que la deuda es de más de 65 millones de pesos y que a la fecha siguen sin recibir el pago.
«Nos afecta el desorden administrativo. Además, nosotros ya pagamos los sueldos, el combustible, los viáticos y el alojamiento de todos los trabajadores que tuvieron que desplegarse en terreno, de hecho ya pagamos hasta el IVA, pero la Delegación Presidencial no nos paga a nosotros. Dicen que mientras la Dirección de Presupuestos no les entregue los recursos, no nos pueden pagar», señalan.
A la lista se suma otra empresa que en diversos puntos de la Región Metropolitana se encargó de la poda y tala de árboles luego de que las lluvias del año pasado generaran el corte de energía eléctrica que en algunas comunas duró más de 10 días. En este caso la deuda que permanece impaga es de más de 180 millones de pesos. «Trabajamos fiado prácticamente», denuncian en off a este medio.
/psg
