Con la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de acoger la solicitud de desafuero en contra de la diputada Catalina Pérez, el caso Democracia Viva (DV) suma un nuevo hito. Si el proceso avanza, la parlamentaria podrá ser formalizada por el Ministerio Público, tal como ya ocurrió con tres de los principales involucrados: Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica, todos investigados por delitos de fraude al fisco.
Actualmente, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, es el único en prisión preventiva, cumpliendo la medida en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la misma ciudad. Por su parte, Daniel Andrade —fundador de DV y expareja de la diputada Pérez— cumple arresto domiciliario en Santiago, al igual que Paz Fuica, exjefa territorial de la diputada y exconcejal de Antofagasta.
Más allá de DV: múltiples aristas
El exseremi Contreras es el más comprometido judicialmente, pues enfrenta cargos por un total de doce delitos de fraude al fisco y dos de cohecho relacionados no solo con Democracia Viva, sino también con otras fundaciones: Fusupo (Fundación para la Superación de la Pobreza), Movimiento Fibra y TomArte. En este último caso, también se le imputa un delito de lavado de activos.
Fuica, en tanto, fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco vinculados a la selección y contratación de fundaciones, así como su incorporación como trabajadora de Fusupo. El Ministerio Público apunta a su rol directo en los procesos de asignación de recursos.
El rol de Catalina Pérez
Aunque la diputada aún no ha sido formalizada, el desafuero aprobado por la Corte abre la puerta para su imputación. Pérez es señalada como clave en la facilitación de convenios con DV, organización encabezada por su entonces pareja, Daniel Andrade. Su círculo cercano fue contratado o favorecido en estos procesos, lo que refuerza la tesis del Ministerio Público sobre su posible participación en la red de favores.
El caso DV continúa siendo una de las aristas más emblemáticas del llamado “Caso Convenios”, y ha puesto en el centro del debate el vínculo entre política y fundaciones, además de abrir múltiples investigaciones a lo largo del país.
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