A un año del devastador megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso —dejando 132 fallecidos y más de 5.000 damnificados—, el gobierno enfrenta críticas no solo por la lentitud del proceso de reconstrucción, sino también por mantener millonarias deudas con empresas que prestaron servicios durante la emergencia. Una de las más afectadas es Ambipar Chile, compañía que instaló más de 800 baños químicos en zonas siniestradas, y que aún no ha recibido el pago correspondiente.
Según explicó la propia empresa, el contrato fue gestionado por la Delegación Presidencial y se extendió hasta julio de 2024. Sin embargo, hasta diciembre del mismo año no habían recibido ningún pago, acumulando una deuda que supera los $1.000 millones. De ese total, solo han podido facturar un 25%, con el 75% restante pendiente por razones administrativas.
“Confiamos en que durante febrero, según el compromiso asumido por el gobierno, esta deuda sea saldada en su totalidad”, señaló Ambipar en una declaración, advirtiendo que la falta de pagos oportunos “pone en riesgo la capacidad de las empresas proveedoras para responder a futuras emergencias”.
Otras compañías también han vivido situaciones similares. MFM Transportes, que trasladó ayuda a los damnificados de Quilpué, fue contratada por la Delegación Presidencial de Valparaíso. Su propietario, Mauricio Fernández, indicó que el Estado le debía $400 millones desde julio de 2024. Aunque ha recibido algunos abonos, solo recientemente se confirmó que terminarán de saldar la deuda, casi un año después de prestado el servicio.
Esta situación no es un hecho aislado. Diversas empresas que colaboraron en emergencias anteriores, como los temporales de invierno de 2023, también denuncian retrasos en los pagos. Una compañía que operó en la Región del Biobío asegura que no ha recibido los más de $70 millones adeudados desde agosto, mientras que otra, que participó en faenas de desagüe en Marga Marga, reclama una deuda superior a los $65 millones.
«Nosotros ya pagamos sueldos, viáticos, combustibles y el IVA. El problema es que el gobierno no nos paga», afirman desde una de las firmas afectadas, señalando que las delegaciones presidenciales argumentan no contar con los recursos hasta que la Dirección de Presupuestos los libere.
También se suman reclamos desde una empresa que prestó servicios de poda y tala de árboles en la Región Metropolitana tras las lluvias de junio, cuya deuda alcanza los $180 millones. “Trabajamos prácticamente fiado”, aseguran sus representantes, quienes prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Pese a los compromisos asumidos por el Ejecutivo y las gestiones en las que participan Senapred, InvestChile y la Subsecretaría del Interior, los retrasos continúan afectando gravemente la estabilidad financiera de los proveedores. Las empresas, aunque comprometidas con la ayuda humanitaria, advierten que la falta de pagos podría comprometer su capacidad de respuesta ante futuras catástrofes.
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