En democracia, las reglas deben ser claras y estables. No pueden cambiarse según la conveniencia política de quienes están en el poder. Sin embargo, el Gobierno ha decidido modificar las normas electorales a último minuto con un evidente cálculo electoral.
El Frente Amplio, el Partido Comunista y el entonces senador Elizalde impulsaron la ampliación del voto migrante en Chile. Hace cinco años defendieron el derecho de los extranjeros a participar activamente. Hoy, al ver que el voto migrante no les es favorable, buscan restringirlo.
La maniobra tiene dos ejes: primero, limitar la participación de migrantes sólo a elecciones municipales y plebiscitos comunales, excluyéndolos de presidenciales y parlamentarias. Segundo, exigir un certificado de antecedentes del país de origen y presentarlo en una ventana de 30 días para ser incorporado en el padrón electoral, una exigencia arbitraria para quienes ya pasaron un proceso migratorio formal y donde presentaron estos antecedentes.
Esta medida dejaría fuera a más de 750 mil migrantes que han ingresado de forma legal, trabajado y contribuido al país. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue beneficiando a quienes entraron clandestinamente, facilitándoles acceso a servicios sin exigir los mismos requisitos y sin sanciones efectivas, donde se les permite trabajar sin autorización y no son expulsados como dicta la ley.
Más preocupante es el precedente que sienta. Si el criterio para restringir el voto es cómo votan los electores, ¿qué sigue después? ¿Limitar el voto de adultos mayores porque tienden a ser más conservadores? ¿Restringir la participación de habitantes de zonas rurales por no alinearse con la izquierda?
La UDI propuso un debate razonable: exigir residencia definitiva vigente para que un extranjero pueda votar. En ese sentido, la derecha ha sido clara: no se debe privilegiar a los clandestinos, pero sí reconocer el aporte de quienes han seguido las normas. Sin embargo, el Gobierno ha optado por castigar a quienes han cumplido con la ley, quitándole derechos políticos, y premiar a quienes no lo han hecho.
El problema no es el voto migrante en sí, sino la manipulación electoralista de la izquierda. Cuando pensaron que les beneficiaba, lo ampliaron; ahora que les perjudica, lo restringen. No están gobernando con responsabilidad, sino ajustando las reglas a su conveniencia, como piratas que saqueaban en alta mar.
Si se trata de fortalecer la democracia, las reglas deben ser parejas y coherentes. Exigir residencia definitiva es una medida sensata: un turista o un extranjero sin arraigo no debería decidir el futuro del país. Pero castigar a los migrantes que han cumplido con todas las normas sólo porque su voto ya no favorece a la izquierda es oportunismo político inaceptable. En Chile, las reglas deben ser claras y justas para todos.
Por Álvaro Bellolio, Ingeniero Civil Industrial en Tecnologías de la Información y Director Escuela de Gobierno Universidad Nacional Andrés Bello, para El Líbero
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