La reciente orden de desalojo de la mega toma de San Antonio, donde se estima que viven alrededor de 10 mil personas, ha puesto en evidencia un problema que trasciende las fronteras de este puerto de la Región de Valparaíso: el crecimiento explosivo de los campamentos en Chile desde la pandemia y las complejas externalidades que este fenómeno ha generado. Según datos del Ministerio de Vivienda (Minvu), entre 2022 y 2024, el número de campamentos en el país aumentó en un 31,3%, pasando de 1.091 a 1.432 asentamientos precarios.
Este incremento refleja una crisis habitacional que afecta a más de 130 mil familias, de las cuales entre un 30% y 40% son migrantes, según detalló el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en su última cuenta pública participativa. «Una de las realidades más dolorosas del déficit habitacional son los campamentos», afirmó Montes, quien también destacó la urgencia de abordar este problema desde múltiples frentes.
Macro tomas: Un desafío sin solución fácil
Uno de los fenómenos más preocupantes es la aparición de macro tomas, asentamientos que superan los 500 hogares y que, en algunos casos, integran a más de mil familias. Según un estudio realizado por Techo Chile y Déficit Cero, estas macro tomas se concentran principalmente en el norte del país. En Tarapacá, por ejemplo, el 65,5% de los campamentos entra en esta categoría, seguido por Antofagasta (48,4%) y Atacama (41,4%).
El caso de San Antonio es emblemático. Urbanistas como Iván Poduje han propuesto legalizar la toma, argumentando que su erradicación es prácticamente inviable. «Sacar a los delincuentes que mandan, llevar agua potable, alcantarillado y radicar la toma es la única solución. Nos vamos a demorar 30 o 40 años, pero no hay otra alternativa», explicó Poduje en una entrevista con Ex-Ante.
Crimen organizado: Un nuevo actor en los campamentos
La presencia del crimen organizado en estos asentamientos ha añadido una capa adicional de complejidad al problema. Bandas como Los Trinitarios, de origen dominicano-estadounidense, han comenzado a ejercer control territorial en campamentos como Nuevo Amanecer de Cerrillos, donde se estima que viven unas dos mil familias, muchas de ellas de origen haitiano.
En Maipú, el campamento Camino a Melipilla se ha convertido en un foco de atención tras el hallazgo, en marzo de 2024, del cuerpo del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, enterrado en una maleta cubierta de cemento. En este lugar opera Los Piratas, una célula local del Tren de Aragua, que ha rebautizado el área como «La invasión». A pesar de los operativos policiales realizados en enero para desarticular a esta banda, su influencia persiste.
Desalojos judiciales: Un dilema para el gobierno
Otro frente abierto para el gobierno son los desalojos judiciales en tramitación. En el Biobío, por ejemplo, más de 200 familias viven en la toma Colcura, ubicada en terrenos de una forestal. Durante una visita a la zona en junio, el ministro Montes admitió que el desalojo dependía de los tribunales, lo que refleja la dificultad de encontrar soluciones rápidas y efectivas.
En San Antonio, se proyecta que el desalojo gradual comience el 27 de febrero, aunque el gobierno sigue negociando para buscar una salida alternativa que evite enfrentamientos violentos. Los dirigentes locales han advertido que podría haber heridos o incluso muertos durante el proceso.
Un problema que exige soluciones integrales
El aumento de los campamentos en Chile no solo es un reflejo de la crisis habitacional, sino también de las desigualdades sociales y económicas que se han agudizado en los últimos años. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado, sumada a la presencia del crimen organizado, ha convertido a estos asentamientos en zonas de alta vulnerabilidad.
Mientras el gobierno busca soluciones, expertos y organizaciones sociales insisten en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, que incluya no solo la provisión de viviendas dignas, sino también la regularización de los terrenos, la mejora de los servicios básicos y la reinserción social de las comunidades afectadas.
El caso de San Antonio es solo la punta del iceberg de un desafío que, de no ser abordado con urgencia y decisión, podría seguir creciendo y profundizando las brechas sociales en el país.
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