Durante 2024, las denuncias por delitos sexuales en Chile experimentaron un aumento del 5,1 %, según cifras oficiales del Ministerio Público. En total, se ingresaron 50.070 causas entre enero y diciembre, superando las 47.621 registradas el año anterior y duplicando las cifras previas a la pandemia.

El crecimiento coincide con la visibilidad de dos casos que marcaron la agenda pública: las acusaciones por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, y la investigación penal en curso contra el exfutbolista Jorge Valdivia. Estos hechos, ampliamente cubiertos por los medios, podrían haber influido en que más personas se animaran a denunciar.

El director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino, sugiere que los casos de alto perfil generan un efecto social relevante. “Las conversaciones que se dieron en medios, redes sociales y espacios cotidianos ayudaron a que muchas personas reconocieran situaciones pasadas como abusos”, explica. Además, señala que campañas de concientización también podrían haber incentivado las denuncias.

Sin embargo, Sovino aclara que el alza no implica necesariamente que haya más violencia sexual, sino que hay una mayor disposición a denunciar. Esto plantea otro problema: el aumento de trabajo para equipos que mantienen la misma dotación de personal. “Estamos con el doble de casos que antes de la pandemia y con los mismos recursos”, advierte, a la espera de refuerzos presupuestarios.

Más víctimas, muchos imputados desconocidos

De los 50.070 casos reportados en 2024, 26.309 corresponden a imputados identificados, mientras que 23.761 aún no cuentan con responsables conocidos, lo que representa un desafío importante para los fiscales. En total, las causas involucraron a 56.343 víctimas, de las cuales 39.669 fueron niñas, niños y adolescentes.

Las cifras también revelan un punto crítico: el volumen de imputaciones que finalmente terminan en sobreseimiento o absolución. Según datos de la Defensoría Penal Pública, en 2024 se cerraron 8.945 causas relacionadas con delitos sexuales. De estas, 498 concluyeron con sobreseimiento definitivo y 497 con sentencia absolutoria.

“Estas acusaciones son especialmente delicadas”, comenta el defensor nacional (s), Osvaldo Pizarro. “Muchas veces se sustentan en el testimonio único de la víctima, lo que exige un estándar de prueba más alto para una condena”. Pizarro recuerda un caso en Concepción donde logró demostrar la falsedad de una acusación motivada por una disputa de alimentos y visitas.

La diferencia con otros delitos es significativa. “La carga emocional de una imputación sexual es mucho mayor que la de un robo. Es una acusación que afecta profundamente la reputación, incluso si la persona resulta inocente”, agrega.

Secuelas tras una acusación injusta

Una preocupación recurrente en el sistema judicial es el daño que puede sufrir una persona que es acusada falsamente. “Los efectos personales, laborales y emocionales son muchas veces irreparables”, señala Pizarro. La eventual absolución, admite, “no alcanza para revertir todo lo que esa persona perdió durante el proceso”.

La Defensoría Penal Pública creó en 2013 el Proyecto Inocentes, una iniciativa que busca visibilizar y apoyar a quienes han sido erróneamente imputados, en especial en causas tan sensibles como los delitos sexuales.

Desde la Fiscalía, Sovino afirma que se actúa bajo el principio de objetividad y que cada caso debe ser analizado con rigurosidad. “Si un imputado considera que hubo una injusticia tras su absolución, tiene derecho a tomar las acciones correspondientes. Pero estos casos no son la norma”, asegura.

Aun así, tanto Fiscalía como Defensoría coinciden en que el crecimiento sostenido de denuncias exige reforzar equipos, mejorar la formación y mantener el equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos de los imputados. La justicia, advierten, no puede flaquear ni por exceso de confianza ni por falta de recursos.

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