A pocos días del regreso oficial de los parlamentarios a sus labores, el Congreso se prepara para retomar una serie de proyectos clave que deberán ser acelerados si se busca que estén aprobados antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Aunque varias de estas iniciativas no tienen plazos estrictos, la presión del calendario electoral las vuelve prioritarias.
Uno de los temas que marcará el arranque legislativo es la reforma política impulsada por un grupo transversal de senadores. Esta busca establecer un umbral mínimo del 5% de votación o contar con al menos ocho legisladores para que un partido acceda a escaños en la Cámara. Hasta ahora, el proyecto ha superado solo las primeras etapas legislativas: fue aprobado por la comisión de Constitución y en su idea general por el Senado. Sin embargo, recibió críticas técnicas por parte del presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.
El Ejecutivo ha optado por mantenerse al margen, pese a que en la última cuenta pública el presidente Gabriel Boric instruyó al ministro Álvaro Elizalde (Segpres) a trabajar por un acuerdo en esta materia. El plazo autoimpuesto para que el Gobierno presente sus indicaciones vence el 6 de marzo.
Otras iniciativas similares se discuten en la Cámara Baja. Una, presentada por Jaime Mulet (Regionalistas Verdes), propone crear federaciones de partidos, aunque fue rechazada en la Comisión de Gobierno y llegará a la Sala con esa recomendación. En tanto, el Frente Amplio ingresó una propuesta que refuerza la disciplina partidaria, al establecer la pérdida del escaño para quienes se aparten del programa. Esta aún no inicia su tramitación y no contempla el umbral que sí defiende el Senado, ya que el FA apuesta por eliminar los pactos electorales para reducir la fragmentación.
Otro proyecto con atención prioritaria es el presentado por el diputado Andrés Giordano (FA) para que los parlamentarios desaforados dejen de recibir su dieta. Aunque ha generado reparos en la oposición, que considera que el desafuero no implica culpabilidad, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, comprometió su tramitación.
Cambios en el Servel y tensiones internas
A esto se suma la negociación por los reemplazos de Andrés Tagle (ex UDI) y Alfredo Joignant (PS) en el Consejo Directivo del Servel. El oficialismo ya presentó sus cartas, con el PS proponiendo al abogado Héctor Valladares y a la cientista política Javiera Arce-Riffo. Desde el Frente Amplio postulan a la abogada Antonia Rivas, quien fue comisionada experta en el segundo proceso constitucional. Sin embargo, la necesidad de lograr dos tercios en el Senado complica las opciones del FA, dado el peso del PS en la Cámara Alta.
Seguridad pública: uso de la fuerza y narcotráfico
El debate legislativo también estará marcado por proyectos de seguridad. En el Senado se discute la propuesta que regula el uso de la fuerza (RUF) por parte de Carabineros y Fuerzas Armadas. El punto crítico es definir en qué situaciones se permite el uso de armas. El ministro Elizalde ha subrayado que debe priorizarse la protección de bienes jurídicos como la vida, y no centrarse solo en el tipo de delito cometido.
Otro proyecto en trámite es el que endurece las sanciones por tráfico de drogas. Aunque fue aprobado unánimemente en la Comisión de Seguridad del Senado, la última sesión generó fricciones cuando el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, expresó objeciones sobre un contenido ya modificado. Su intervención fue criticada por parlamentarios como Iván Flores (DC) y Juan Luis Castro (PS), aunque el proyecto igualmente fue despachado a la Sala, donde se espera una aprobación sin mayores obstáculos.
Renovación de mesas directivas
Además de los proyectos de ley, el Congreso deberá definir nuevas autoridades en ambas cámaras, lo que también ha generado tensión. En el Senado, el acuerdo vigente otorga la presidencia a Evópoli, pero Manuel José Ossandón (RN) busca impedir la llegada de Felipe Kast, ofreciendo incluso la vicepresidencia al PS para asegurarse el respaldo oficialista. Desde la UDI, figuras como Iván Moreira también han activado gestiones para frenar la llegada de Kast.
En la Cámara, el Frente Amplio espera presidir la corporación desde abril, basándose en el acuerdo de gobernabilidad de 2022. No obstante, Rubén Oyarzo, ex PDG, también aspira al cargo, alegando que su sector fue excluido de los últimos acuerdos. Sin embargo, su candidatura es cuestionada por varios, dado que su colectividad ya no cuenta con representación formal tras la renuncia de todos sus parlamentarios.
Con este panorama, marzo se perfila como un mes complejo y decisivo para el Congreso, que deberá conciliar reformas políticas, nombramientos sensibles y disputas internas, todo en un clima marcado por el año electoral y la presión ciudadana por resultados concretos.
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