La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó el desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco del Caso Convenios, una investigación que aún continúa desde que estalló el escándalo de Democracia Viva. La pregunta es inevitable: ¿cómo fue posible que ella y quienes la rodeaban creyeran legítimo desviar fondos públicos bajo la justificación de un bien superior? La puesta en escena de una supuesta oficina “para que parezca” es reveladora. Denota plena conciencia del engaño, y eso es gravísimo. Refleja una ética ausente.
Desde una supuesta altura moral, se ofreció al país una propuesta constitucional que —como reconoció la expresidenta Bachelet— representaba su “sueño”. Un texto promovido por el entonces ministro Giorgio Jackson, quien condicionó las reformas del Ejecutivo a su aprobación. Pero tras la derrota del Apruebo, el oficialismo se quedó sin norte. Casos como el de Rojas Vade, quien fingió tener cáncer, y declaraciones excluyentes como las de Daniel Stingo, que reducía la deliberación democrática a “nosotros ponemos los temas, los demás se suman”, reflejan el clima de autosuficiencia que primó en ese proceso. Faltó diálogo. Y el resultado fue el fracaso.
La superioridad moral es una mezcla peligrosa de arrogancia e ignorancia. Otorga a quienes se creen moralmente superiores la justificación para actuar como si estuvieran por encima del resto. Y ese es precisamente el origen de fenómenos como la cancelación o la manipulación política. Durante el estallido social, como ha señalado Carlos Peña, miembros del Frente Amplio estuvieron presentes, pero evitaron confrontar directamente a Carabineros, dejando que otros asumieran ese rol. Es una actitud que raya en la cobardía moral. Cristián Valdivieso lo resume bien con su analogía sobre el intento de usar a Michelle Bachelet como carta electoral simplemente por conveniencia política.
El respaldo del actual oficialismo, incluido el ministro de Hacienda Mario Marcel, a la fallida constitución de 2022 también revela un grado de desapego con la realidad fiscal del país. Su implementación habría costado entre US$28.500 y US$45.000 millones anuales, cifras alarmantes en un contexto de presión fiscal creciente. La deuda pública ha pasado de representar un -11% a un 40% del PIB. Si hoy el Consejo Fiscal Autónomo insta al gobierno a recortar US$1.500 millones del presupuesto, ¿cómo se pretendía financiar esa propuesta constitucional?
Gobernar con mayoría absoluta puede sonar atractivo, pero no es lo mejor para la democracia. Esta se fortalece en el diálogo, el acuerdo y la voluntad de reconocer al otro. La experiencia nos ha mostrado oposiciones dispuestas a bloquear toda iniciativa, como ocurrió con Sebastián Piñera. Pero también hemos visto irresponsabilidades como la aprobación de los retiros de fondos previsionales —respaldados por quienes hoy están en La Moneda— que dejaron un vacío de US$50.000 millones en el sistema, impidiendo hoy el acceso a créditos hipotecarios. El costo lo pagan las personas.
Los políticos que no escuchan a los técnicos corren el riesgo de decisiones erróneas, cuyas consecuencias recaen en la ciudadanía. En este sentido, el actual gobierno ha exhibido, una y otra vez, una mezcla de superioridad moral y falta de responsabilidad. Desde que asumió en marzo de 2022, ha enfrentado contradicciones entre su discurso ético y su gestión práctica. El caso del subsecretario Monsalve es un ejemplo. El presidente Boric reconoció haber tenido conocimiento de una denuncia por violación, pero actuó tarde. La ministra Orellana intentó justificar la demora afirmando que “no es lo mismo un subsecretario que un portero”. Un comentario que deja en evidencia una jerarquía moral encubierta por el discurso identitario.
La crisis provocada por los indultos de fines de 2024 también evidenció la fragilidad del oficialismo. La falta de coordinación y de análisis estratégico expuso al gobierno a un alto costo político, debilitando aún más la confianza ciudadana.
Este 2025 es un año crucial. Chile necesita definiciones claras sobre su futuro. Y la ciudadanía busca certezas. La coherencia entre el discurso y la acción se vuelve esencial. Gobernar no es repetir consignas, sino aplicar principios de manera consistente para el bien común.
La derecha, por su parte, no debe caer en la trampa de la agresión interna. Es momento de mostrar diferencias con respeto, fortalecer los puntos en común y construir una alternativa amplia que recupere la gobernabilidad. El adversario está en el oficialismo, no en las trincheras propias. El país necesita una propuesta sólida, realista y unificadora.
La política debe recuperar su vocación ética. Chile ha construido avances importantes, pero requiere cuidado y responsabilidad para seguir progresando. No basta con soñar. Hay que actuar con consecuencia. Y esta vez, no hay margen para más errores. No da igual.
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