El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este lunes a la investigación en curso por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, señalando que una eventual implicancia del régimen de Nicolás Maduro en este caso constituiría un hecho de extrema gravedad. En conversación con 24 Horas, el secretario de Estado fue enfático al señalar que, de comprobarse dicha participación, se trataría de “una violación directa de nuestra soberanía nacional” y un “crimen por encargo, de carácter político”.
“Si se verifica la participación de la dictadura venezolana, no es algo grave, es gravísimo. Vamos a ejercer todas las acciones necesarias”, sostuvo Gajardo, respaldando así lo planteado por el fiscal Héctor Barros, quien lidera la investigación y ha señalado que una de las principales hipótesis apunta a una eventual coordinación internacional para ejecutar el secuestro y posterior homicidio de Ojeda.
Este planteamiento se da además en el marco de lo expresado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien indicó que Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, de confirmarse una operación encubierta de carácter político orquestada desde el extranjero.
Proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia
En la misma entrevista, el ministro Gajardo también se refirió al proyecto de ley impulsado por el gobierno en noviembre de 2023, que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, con el objetivo de entregar atención jurídica integral a quienes enfrenten conflictos judiciales o sean víctimas de delitos.
Gajardo explicó que esta nueva institucionalidad permitirá unificar distintos programas actualmente dispersos en el Estado y consolidar una red de apoyo más robusta para la ciudadanía. “Muchas personas que son víctimas de delitos no se sienten debidamente acompañadas. Este nuevo servicio busca precisamente dar una respuesta efectiva, con asesoría jurídica adecuada”, señaló.
Asimismo, comentó que actualmente existen cuatro corporaciones de derecho público que prestan estos servicios, pero que no forman parte del aparato estatal de forma estructurada. El nuevo modelo busca subsanar esa fragmentación y ofrecer una atención más homogénea a nivel nacional.
El ministro adelantó que el proyecto se encuentra a la espera de ser votado en la Comisión de Hacienda del Senado durante las primeras semanas de marzo. Una vez aprobado en la sala, deberá volver a la Cámara de Diputados para la revisión de las modificaciones.
“Este es un servicio con una inversión importante de recursos del Estado y con un informe financiero sustantivo. Esperamos que sea tramitado prontamente, porque es una necesidad para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el acompañamiento a las víctimas”, concluyó.
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