El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la investigación por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, indicando que si se comprueba la participación de la dictadura de Nicolás Maduro, se constituiría una grave violación a los DD.HH.
En entrevista con 24 Horas, Gajardo fue consultado por la posibilidad de que el gobierno de facto de Nicolás Maduro, sea uno de los involucrados en la gestión del asesinato de Ojeda, una de las principales hipótesis que maneja actualmente el fiscal Héctor Barros del Ministerio Público, frente a ello, aseguró que, de ser verificada dicha participación “no es algo grave, es gravísimo, y vamos a ejercer todas las acciones”.
Así, Gajardo aseguró: “No vamos a escatimar en ninguna acción porque sería una violación directa de nuestra soberanía nacional, sería un crimen por encargo, un crimen de carácter político”.
Todo esto, además en el marco de las declaraciones que la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó el día de ayer, en donde indicó que Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos.
Servicio nacional de acceso a la justicia y defensoría de víctimas
A su vez, Gajardo también fue consultado por el proyecto de ley presentado por el gobierno en noviembre de 2023, el cual busca mejorar e impulsar la asistencia jurídica en distintos ámbitos en conflictos judiciales, y que actualmente se encuentra en espera de ser tramitada en el Congreso.
“Es un servicio bien integral, es un servicio que implica una inversión importante de recursos del Estado, tiene un informe financiero muy sustantivo. Cada vez que se tenga un problema jurídico, es muy importante que la ciudadanía pueda acceder a una prestación jurídica para que puedan resolver sus problemas, pero también cuando son víctimas de delitos actualmente muchas veces no se sienten debidamente acompañadas y ahí es fundamental o va a ser fundamental este nuevo servicio”, señaló.
Además, explicó que “este nuevo servicio va a prestar esa función y va a aglutinar muchos programas que estaban dispersos en el Estado, va a unificar también una de las principales diferencias, que actualmente nosotros tenemos cuatro corporaciones de derecho público, pero que no son propiamente tal un servicio del Estado”.
En ese sentido, indicó: “Ya en marzo debiera ser votado. Tenemos que pasar por la Comisión de Hacienda del Senado, que esperamos pueda hacer esto las primeras semanas del mes de marzo, y una vez que la Sala lo apruebe, tenemos que ir nuevamente a la Cámara de Diputados para que apruebe las modificaciones”.
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