La Contraloría General de la República recibió un espaldarazo judicial luego de que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de protección que cuestionaba el dictamen sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos.
El fallo, de nueve páginas, estableció que la entidad liderada por Dorothy Pérez actuó dentro del marco legal al emitir el pronunciamiento que limita su intervención ante reclamaciones basadas en expectativas de estabilidad laboral no garantizadas por ley.
Según el tribunal, Contraloría ejerció sus atribuciones conforme a lo establecido en su ley orgánica, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad. “La entidad recurrida se ha limitado a emitir un pronunciamiento […] en uso de las facultades que le confiere su ley orgánica”, consigna la sentencia.
El recurso había sido interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana, que acusó que el dictamen perturbaba derechos fundamentales. Sin embargo, los jueces desestimaron esa alegación y señalaron que no existían actos concretos que justificaran una acción de protección.
Con esta resolución, el dictamen de Contraloría, que ha sido objeto de críticas desde el mundo sindical y político, queda validado judicialmente.
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