El apagón total que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este martes abrió un nuevo conflicto en el sector energético entre empresas del sector y las autoridades. Es que mientras se investigan las causas que propiciaron que la falla original de una línea en el Norte Chico se propagara a todo el SEN, las declaraciones del gobierno, por una parte, y del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), por otro, han generado sorpresa y hasta malestar en la industria eléctrica.
Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien apuntó en su primera intervención a una de las empresas involucradas: ISA Interchile. La firma, controlada por la estatal colombiana Ecopetrol, es la encargada de operar la línea de transmisión eléctrica a doble circuito Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, que opera a 500 mil voltios, entre Vallenar y Coquimbo, afirmando que su falla de origen “provocó un corte de energía masivo a lo largo del país”.
La propia firma dijo que, pese a que seguía investigando las causas, la falla se habría producido por “la activación no deseada de sus esquemas de protección, lo cual provocó la desconexión automática de ambos circuitos”.
Sin embargo, el tono de las autoridades generó molestias. Tras participar en el Cogrid, el ministro Diego Pardow, volvió a apuntar a la firma de capitales colombianos, pero también habló de “un conjunto de responsabilidades” ante la extensión del apagón, y sobre la demora en la reposición del servicio afirmó que hubo “activos de generación que no funcionaron o que presentaron problemas en su partida en negro”. Palabras que luego tendrían su réplica.
En ese punto de prensa, el secretario de Estado también habló de las posibles compensaciones que pueden recibir los clientes por la interrupción del suministro eléctrico, además de multas.
Según un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo, la sanción más alta a la que se exponen las empresas se relacionan a infracciones gravísimas, como la muerte o lesión grave de personas, o que se “hayan ocasionado una falla generalizada en el funcionamiento de un sistema eléctrico o de combustible”, según la Ley que rige a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
“Dichas infracciones se sancionan con hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). Con el valor UTA de marzo de 2025, las multas pueden llegar a $8.164.080.000, equivalentes a US$8 millones”, indica el informe, cifra que en el caso de las compensaciones sube a 20 mil UTA, o $16.328.160.000, equivalentes a US$16 millones. Eso sí, el monto de las compensaciones a clientes se calculan multiplicando por quince en base a valor de la energía suministrada durante el apagón, con un límite para las empresas de transmisión, que, según la normativa eléctrica, no podrán superar por evento el 5% de sus ingresos regulados en el año calendario anterior para el segmento de transmisión respectivo, o el 5% de sus ingresos totales obtenidos en el mercado nacional.
En el caso de ISA Interchile, dicho monto rondaría los US$5 millones si se consideran los ingresos operacionales por US$102 millones que anotó en 2023.
Sin embargo, otro punto de conflicto se relaciona con las declaraciones del Consejo Directivo del CEN, que junto con instruir auditorías a ISA Interchile y a Transelec, apuntó directamente a las empresas por su rol tanto en la falla de origen, como en el largo tiempo que tomó reponer el servicio (ver nota relacionada).
Por otra parte, el Sernac también aportó con lo suyo al cóctel compensatorio, al anunciar la ejecución de un plan de protección, instando a los clientes a reclamar por perjuicios asociados al masivo apagón, aunque sin circunscribirlo al mercado eléctrico, pues busca cuantificar las afectaciones en los servicios de telefonía e internet, agua potable, transporte aéreo, terrestre e interurbano, así como a organizadores de eventos masivos, entre otros.
“El Sernac busca cuantificar y dimensionar las afectaciones que enfrentaron las personas a raíz de un problema que, si bien tuvo un origen eléctrico, impactó distintos servicios básicos y la vida cotidiana de millones de ciudadanos”, indicó el servicio en un comunicado.
Gremios
Entre las empresas del sector de generación eléctrica reaccionaron a las declaraciones de las autoridades. Eso sí, lo hicieron a través de sus gremios, específicamente los dos más relevantes en el segmento de la generación: la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), el más tradicional del sector renovable, y Generadoras de Chile, que agrupa a las principales empresas del mercado.
Acera -de la cual ISA Interchile es asociada- planteó como “fundamental” que los órganos encargados realicen “una investigación exhaustiva para determinar causas y eventuales responsabilidades”.
“Así, el CEN debe elaborar el Estudio de Análisis de Falla (EAF), identificando los factores clave del evento, las razones de su propagación y el desempeño del Plan de Recuperación de Servicio (PRS). Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como organismo fiscalizador, debe investigar las causas y determinar eventuales responsabilidades”, afirmó.
En esa línea, la entidad planteó que “es prudente y aconsejable esperar el resultado de la investigación y sus conclusiones antes de emitir juicios anticipados”, y pidió enfocarse en “utilizar adecuadamente la información que se obtenga para evitar que eventos de esta magnitud y efectos se repitan en nuestro país”.
“Es fundamental que esta situación se analice con objetividad y sin apresurarse en establecer responsabilidades antes de contar con todos los antecedentes. Nuestro compromiso es colaborar en la identificación de soluciones que refuercen la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico”, manifestó Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera.
Por su parte, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, descartó que las empresas de generación aludidas por Pardow no hayan funcionado.
“Las centrales generadoras de electricidad de nuestras empresas asociadas estuvieron siempre preparadas para aportar con su capacidad de generación para la pronta reposición del servicio eléctrico, conforme a lo establecido en los procedimientos elaborados por el Coordinador Eléctrico Nacional. Así, la conexión de las centrales se pudo concretar cuando las instrucciones, la coordinación, la disponibilidad de la información y las condiciones de operación fueron adecuadas y coherentes”, dijo en una declaración.
En ese sentido, planteó como un “imperativo” que la investigación “esclarezca los hechos, esté enfocada en un análisis exhaustivo de lo ocurrido, identifique objetivamente las causas, la calidad de la información, coordinación y regulación del sistema eléctrico”.
Incluso sostuvo que la investigación “debe ser realizada con los más altos estándares, incluyendo la asesoría de expertos internacionales imparciales con amplia experiencia en análisis de sistemas eléctricos, para proponer mejoras en la ejecución de los protocolos de seguridad y así minimizar la ocurrencia de este tipo de eventos y sus consecuencias”.
Los grandes clientes
En tanto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes No Regulados (Acenor) -entidad que agrupa a grandes consumidores de energía-, puso énfasis en que, además de la investigación, las soluciones no pueden venir sólo de aumentar la infraestructura de transmisión eléctrica.
“De lo que uno ha podido averiguar, por esta falla en particular, aun si hubiéramos tenido más infraestructura de transmisión, no necesariamente se hubiera podido evitar”, indicó, enfatizando que “aquí lo importante es tener planes de contingencia que sean efectivos, y saber cómo reaccionar para recuperar ese suministro”.
En esa línea, recordó que “nosotros ya estamos pagando por toda la infraestructura de transmisión. Estamos pagando por todos los servicios para los planes de contingencia. Pagamos todo el presupuesto del coordinador eléctrico nacional. Y no estamos pagando poco. El precio de la electricidad en Chile es cara respecto de otros países. Entonces, el servicio tiene que mejorar, o alguien más tiene que empezar a pagar los otros costos”.
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