El masivo apagón de esta semana dejó al descubierto la fragilidad profunda que vive Chile, una vulnerabilidad transversal que afecta ámbitos políticos, económicos, sociales y especialmente la seguridad nacional. En términos políticos, presenciamos la debilidad del Estado de derecho, un Poder Judicial cuestionado y crecientes casos de corrupción, sumado a una clase política desconectada de la realidad. En lo económico y social, la situación es crítica: una economía deteriorada y sin respuestas efectivas en salud o educación. ¿Para qué seguir profundizando?
La seguridad nacional también demostró estar en jaque. Bastó una sola falla en el sistema eléctrico interconectado para dejar al país a oscuras y desconectado por varias horas, generando alarma generalizada y desconcierto en la ciudadanía. ¿Qué pasaría si una vulnerabilidad así fuese aprovechada por terroristas o por alguien con malas intenciones para desestabilizar aún más al país?
Se han escuchado diversas explicaciones técnicas, cruces de acusaciones, y se asegura que existían informes previos advirtiendo sobre este riesgo. Se anuncian drásticas consecuencias para los responsables (¿cuántas veces hemos oído esto antes?), pero la realidad es que, probablemente, en pocos días todo quedará olvidado, como tantas otras crisis que ha enfrentado este gobierno.
Sin embargo, algo que no puede pasar inadvertido es que fueron las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI quienes, actuando oportunamente, tomaron rápidamente el control y le aseguraron a la población que no se repetirían los desmanes ocurridos durante el terremoto de 2010, especialmente en ciudades como Concepción, donde los saqueos y la inseguridad se salieron totalmente de control. En esa ocasión, los barrios vivían atemorizados, pasando noches enteras en vela, esperando una reacción de la autoridad que tardó demasiado en llegar.
Seguramente, algún alto mando militar recomendó al Presidente declarar el estado de emergencia y decretar toque de queda, desplegando de inmediato a militares y policías en las calles para mantener el orden público. Una decisión que la expresidenta Bachelet demoró en tomar en 2010, provocando consecuencias nefastas.
Más allá del debate sobre las causas y responsabilidades del apagón, hay que reconocer que la decisión del Presidente de recurrir rápidamente a las Fuerzas Armadas y de Orden fue la correcta. Gracias a esto se evitó que la delincuencia y el lumpen aprovecharan la situación para desatar saqueos y violencia generalizada.
Pero queda una pregunta clave: ¿Cuánto le costó al Presidente tomar esta medida? Indudablemente mucho, porque pocas cosas podrían ser más incómodas para alguien con su perfil político de izquierda progresista que recurrir a los militares para imponer orden. Esa incomodidad explica claramente la indignación presidencial, una indignación provocada no tanto por la crisis, sino por haberse visto obligado a tomar esta incómoda decisión.
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