Cada vez que se produce un crimen atroz como el de los esposos María Carolina Calleja y Rodrigo González, asesinados en Graneros, se extiende una ola de indignación que, con frecuencia, se expresa como reclamo de que los culpables paguen con su vida. Es comprensible tal sentimiento, acentuado en los últimos años por el aumento de los homicidios, asociados en muchos casos a la acción cada día más agresiva de las bandas del crimen organizado.
Para garantizar la protección real de la población, el Estado debe disponerse a dar una batalla contra la criminalidad con todos los recursos a su alcance. Esto exige poner fin a las contradicciones y ambivalencias políticas que han impedido dar una respuesta contundente. Si el Estado de Derecho perdió eficacia en materia de seguridad pública se debe en gran medida a la distorsionada visión, falsamente progresista, con que Boric y sus aliados llegaron a La Moneda.
En este cuadro, ha resurgido el debate respecto del posible restablecimiento de la pena de muerte, eliminada en 2001 por iniciativa del presidente Ricardo Lagos Escobar. Esa vez, se estableció como pena máxima el presidio perpetuo calificado. Además, el Código Penal precisó que los condenados a prisión perpetua no podrán aspirar a la libertad condicional sino una vez que hayan cumplido 40 años de efectiva privación de libertad. Final del formularioEn el caso de la justicia militar, la pena capital se mantuvo para los tiempos de guerra.
¿Cuál es la situación en el mundo? Al día de hoy, 108 Estados han abolido la pena de muerte para todos los delitos, siete para los delitos de derecho común y 29 mantienen una moratoria sobre las ejecuciones. Se sigue aplicando en 55 Estados y territorios. Amnistía Internacional cree que China utiliza la pena de muerte más que ningún otro país, y estima que miles de personas son ejecutadas cada año, aunque no hay modo de confirmarlo. Aparte de China, los países que han realizado más ejecuciones en los últimos años son Irán, Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos.
El debate sobre la reposición de la pena capital en Chile no puede ser abstracto o “higiénico”. Quienes se muestran partidarios del restablecimiento dan por sentado que habrá funcionarios del Estado que serán comisionados para matar a un ser humano a sangre fría, sin tener problemas de conciencia, como si cumplieran una tarea administrativa.
La ley se encargará de precisar los detalles: fusilamiento, horca, gas, inyección letal o algún otro método. En 2022, Arabia Saudita incluyó la decapitación como forma de ejecución.
El refinamiento ha llegado lejos en este ámbito. En enero del año pasado, en Alabama (EE.UU.) se ejecutó a Kenneth Smith utilizando gas nitrógeno. Fue la primera persona ejecutada con ese método, calificado como un “castigo cruel” por los abogados defensores, quienes presentaron infructuosamente varios recursos para detener la ejecución. Esta consistió en atar una máscara hermética a la cara y obligar al condenado a inhalar nitrógeno puro, un gas inerte que priva al cuerpo de oxígeno.
Respecto de este asunto, los candidatos presidenciales tienen la obligación de medir el efecto de sus palabras. Se trata de un terreno moralmente pedregoso en el que no pueden actuar desaprensivamente. Sería una grave equivocación que, en el afán de establecer conexión emocional y política con quienes piden castigar duramente a los criminales, estuvieran dispuestos a cruzar los límites de la racionalidad. Al fin y al cabo, aspiran a conducir el Estado.
¿Será este el terreno en el que van a dirimir sus diferencias Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast? ¿Se jugará allí la disputa entre las familias de derecha? Es válido preguntarlo a la luz de las distintas opiniones que han entregado: Kaiser es un partidario decidido del restablecimiento de la pena de muerte, Matthei se inclina a debatir su aplicación en ciertos casos y Kast está resueltamente en contra. Sería deplorable que las consideraciones electorales marcaran la pauta.
Es posible que una próxima encuesta incorpore una pregunta como esta: ¿Considera usted que, a raíz de la ola de homicidios de los últimos tiempos, debería restablecerse la pena de muerte en Chile? En el clima actual, no puede descartarse que un alto porcentaje de los consultados, quizás la mayoría, responda que sí debe restablecerse. Incluso, podría ocurrir que un candidato ansioso por alcanzar la celebridad promueva un plebiscito sobre la pena de muerte, sin que le importen mucho las consecuencias.
En su ensayo “Reflexiones sobre la guillotina”, Albert Camus sostiene: “Si la sociedad justifica la pena de muerte por la necesidad del ejemplo, debe justificarse ella misma prestando la publicidad necesaria. Debe mostrar las manos del verdugo, y obligar a los ciudadanos demasiado delicados a que las miren, al mismo tiempo que a todos aquellos que de cerca o de lejos hayan provocado ese acto. De otro modo, confesará que mata sin saber lo que dice ni lo que hace, o sabiendo que lejos de intimidar a la opinión pública, esas repugnantes ceremonias no hacen más que despertar el crimen o sumirla en la confusión”.
Nuestro país no debe retroceder respecto de un asunto que es crucial en términos de civilización. En las condiciones de la sociedad democrática, necesitamos que la indignación frente a un asesinato no origine otro asesinato, esta vez ceremonial, ejecutado por el Estado.
Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
/psg
