Malestar causaron al interior del Ministerio Público los comentarios que hizo el gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego en los que deslizó presuntos pagos a funcionarios del ente persecutor a cambio de filtrar información.
La grave acusación surgió a propósito de las críticas levantadas desde el oficialismo a la Fiscalía, después de que La Tercera publicara chats que forman parte del expediente del caso que se sigue en contra de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler por presuntos delitos de tráfico de influencias.
A juicio de Orrego, según expuso en CNN Radio, “nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo: que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”.
Pero las críticas de la autoridad regional no quedaron ahí, porque en algo que calificó como “abismante”, planteó sin tapujos: ”quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”.
Cabe recordar, a modo de contexto, que el gobernador de la RM está hoy involucrado en el denominado “caso Procultura”, uno de las aristas principales por el fraude que se indagan en convenios desde entidades estatales a fundaciones. En el caso particular el traspaso de $1.600 millones a la fundación que era liderada por un estrecho cercano a la autoridad, el siquiatra Alberto Larraín hoy con calidad de imputado en el caso.
De hecho, el exfiscal del caso, Carlos Palma (que ahora enfrenta una indagatoria por violación de secreto), intentó incautar el celular de Orrego, sin éxito, ya que en esa oportunidad el tribunal requirió mayor información para tomar la decisión.
¿Hay alguien que compra favores?
“Aquí se tiene que investigar (…) Porque o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad”, afirmó Orrego requiriendo al fiscal nacional, Ángel Valencia a tomar medidas.
Lo anterior, porque -según él-, “todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley”.
La defensa de los fiscales
Los primeros en referirse a los emplazamientos respecto a una posible responsabilidad por parte del Ministerio Público en la entrega de antecedentes de una investigación, vino de parte de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF).
En voz de su presidente, Francisco Bravo y en conversación con radio Infinita, el persecutor explicó que “el problema de las filtraciones se produce cuando la investigación está en manos de más de un intervinientes, es decir, no solo en poder de la Fiscalía”.
Bravo, quien rechazó “categóricamente” las filtraciones, afirmó que en estos casos es muy difícil detectar de dónde provienen y sostuvo: “quiero pensar de que no hay fiscales detrás de esto, nosotros tenemos confianza en nuestros colegas, porque además estas filtraciones generalmente perjudican las investigaciones, nosotros no sacamos ventaja de nada filtrando”.
“Si hay personas que están relacionadas con la Fiscalía tienen que recibir una sanción ejemplar”, reforzó en la entrevista radial.
Posteriormente a eso, y consultado por La Tercera sobre los dichos del gobernador Orrego, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, expresó -a nombre de la agrupación- su preocupación por las palabras de la autoridad regional “pues se siembre un manto de dudas sobre la probidad de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público sin que se entreguen antecedente alguno que permita fundar la afirmación del gobernador”.
Por lo mismo, instaron a que si el gobernador Orrego “tiene antecedentes sobre la imputación que formula es indispensable que lo haga saber a través de los canales institucionales”, reiterando el rechazo a la filtración de la información.
Los dichos del gobernador de la RM en contra del Ministerio Público también hicieron ruido al interior de la institución, según fuentes de este medio, dado que -justamente-, el fiscal regional Patricio Cooper actualmente es quien también encabeza la investigación por la causa ProCultura.
Pese a eso, y consultado al respecto, Bravo afirmó que “ojalá estos episodios sirvan para que nadie use las filtraciones ni pretenda manipular causas. Insisto que creemos firmemente en la probidad de los fiscales”.
¿Valencia a la Suprema?
En el Congreso las críticas por la investigación en contra de la ahora renunciada presidenta de la Cámara Baja, también continuaron e incluso se elevaron de todo. Y es que según afirmó el diputado Jaime Mulet (FRV), existe un grupo de parlamentarios que analiza la posibilidad de iniciar el proceso constitucional de recurrir a la Corte Suprema para que remueva al fiscal nacional, Ángel Valencia.
A juicio del diputado, Valencia debería dejar su cargo, ya que “se está deteriorando la imagen no solo de la justicia y del Ministerio Público, sino que también se está deteriorando la imagen cada vez más grave y dañando instituciones de la República”.
Por lo mismo y ante el proceso que se debe elevar a la Suprema, Mulet afirmó que preferiría que en “un gesto de nobleza da un paso al costado el fiscal nacional y no genera esta controversia entre dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, que es el que se tiene que pronunciar”.
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