La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las acciones que adoptaron las autoridades cuando conocieron la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está llegando a su fin. En la sesión de este lunes los integrantes zanjaron la votación del informe que contiene las conclusiones que serán despachadas a la Sala. Tras un extenso debate, finalmente el informe opositor fue aprobado con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El escrito de la oposición apunta a la responsabilidad del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio de la Mujer, la extitular de la cartera del Interior, Carolina Tohá, la PDI y Carabineros en las acciones que siguieron a la denuncia. Las aseveraciones opositoras fueron criticadas por los diputados oficialistas que defendieron que el documento excedía las atribuciones de la comisión, argumentando que la entidad que debe determinar responsabilidades penales es el Ministerio Público.
La diputada Camila Musante (Ind-PPD) igualmente cuestionó que el informe opositor los acusa de trabar la labor de la instancia, por lo mismo sugirió trabajar en una redacción en conjunto, misma idea que reforzó la parlamentaria Alejandra Placencia (PC). Sin embargo, los miembros opositores derribaron esa propuesta esgrimiendo que se trataba de una estrategia para dilatar el proceso.
Ante la negativa opositora, Musante recalco: “Como fue redactada esta propuesta de conclusiones parece una imputación de responsabilidades, porque en la página 18, en la letra E, se señala como responsables a la Policía de Investigaciones de Chile. Son más de 50.000 mil funcionarios y no veo de ninguna manera que se esté apuntando a alguna jefatura de la PDI o a responsables con nombre y apellido, sino toda una institución. Entonces, yo creo que la falta de privilegiar a la hora de imputar responsabilidades de manera tan liviana, hace imposible que este informe pueda ser siquiera votado por la comisión, porque excede además las atribuciones que nosotros tenemos”.
Por su parte, la diputada Plancencia agregó: “Creo que debiera sacar del informe toda la redacción con afirmaciones subjetivas que tengan alguna consideración de carácter penal y también administrativa, porque esta no es una comisión para hacer un juicio”.
Pese a que no se tomaron en cuenta las correcciones de las diputadas, la diputada Naveillán sí aceptó su disconformidad con el término “cómplices” utilizado en el informe opositor para referirse a los funcionarios que tomaron decisiones sobre el caso Monsalve. En su defecto solicitó que el escrito, también firmado por ella, reemplazara la palabra por “negligente y deficiente”.
Así las cosas, además de lo que criticaron los congresistas oficialistas, el documento firmado por Mellado, Álvaro Carter (UDI), Carla Morales (RN), Gloria Naveillán, Sofía Cid (Ind-Rep), Flor Weiss (UDI) y Joanna Pérez (Demócratas), también plantea una normativa para establecer las obligaciones de los funcionarios públicos frente a la Comisiones Especiales Investigadoras (CEI), tras la actitud del exasesor del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien optó por no responder a las interrogantes de la comisión.
En esa línea, el fortalecimiento de la fiscalización de gastos reservados fue uno de los puntos que consideró el documento, igualmente la determinación de un protocolo de protección de altas autoridades por parte de las policías, entre otras medidas.
Por su parte, el informe rechazado de parte oficialista criticó fuertemente la conducción de Miguel Mellado (RN). Además de las ataques cruzados, los diputados de la coalición gobernante plantearon –al igual que la oposición– mayor coordinación ministerial ante futuras denuncias de índole sexual.
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