La oposición sostiene que la responsabilidad por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende no termina con la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) y han emplazado al Presidente de la República, Gabriel Boric, a asumir la responsabilidad por la vulneración a la Constitución, dado que el Mandatario reconoció que la idea de adquirir el inmueble fue suya.
Si bien el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, aseguró que no están los ánimos en Chile Vamos y en otros sectores de oposición para impulsar una Acusación Constitucional contra el jefe de Estado, comunicó que el próximo martes se reunirán las bancadas para analizarlo.
A su vez, el abogado Máximo Pavez que llevó adelante la denuncia contra Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional dijo a Radio Cooperativa que «el Decreto 38, que es el que autoriza y da inicio a la compra del bien inmueble, lleva la firma del Presidente de la República, y dice más o menos esto: ‘Cómprese la casa del Presidente Salvador Allende a Isabel Allende, Maya Fernández y dos personas más, por tanta plata’. O sea, el Presidente tiene una responsabilidad desde el punto de vista de la operación jurídica».
«Ahora, si uno quiere hacer valer la responsabilidad constitucional del Presidente, eso significa que el único mecanismo posible es la acusación constitucional, que requiere, para ser presentada en contra del Presidente de la República, la calificación de infracción grave a la Constitución, y creo que no es el debate ahora, porque hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y una arista penal que están en curso», añadió.
Mientras que el Partido Republicano a través de su presidente, Arturo Squella, señaló que «lo que viene ahora, porque estamos lejos de que esto termine, es que el Presidente de la República, Gabriel Boric, aclare hasta dónde está involucrado en esta decisión, que se tomó hace algún tiempo de comprar una casa que le pertenecía a una ministra de Estado y a una senadora de la República. Ya es sabido que le llegaron varias alertas a La Moneda de que había una prohibición Constitucional y decidieron obviarla».
Por otro lado, el parlamentario del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, anunció que está analizando los antecedentes para presentar un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) contra el Presidente Boric, para que este órgano se pronuncie sobre una eventual cesación del cargo.
«Es fundamental que el Presidente de la República actúe dentro de los marcos legales establecidos en nuestra Constitución. Si se determina que ha habido una actuación indebida en relación con la fallida adquisición de la casa de Allende, es de suma importancia que se analice su responsabilidad en este asunto. Por tanto, considero necesario analizar este requerimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto», señaló el diputado.
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