La Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados avanza en un proceso que trasciende lo administrativo para convertirse en un termómetro de la accountability política, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que destituyó a la senadora Isabel Allende (PS) por infringir el artículo 60 de la Constitución. Este caso, que ya costó el cargo a dos ministras (Maya Fernández de Defensa y Marcela Sandoval de Bienes Nacionales), ahora tensiona al gobierno con la citación de altos funcionarios.
Ejes de la investigación: legalidad y responsabilidades políticas
- Citaciones estratégicas: La CEI convocó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde; a la jefa jurídica de Segpres, Francisca Moya; y a su asesor Lucas Vera, figuras clave en la revisión legal del proceso. También fueron llamados el exjefe de Políticas Públicas, Leonardo Moreno; el abogado Sebastián Soto; y la exministra Sandoval. Según el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la comisión, su presencia es “crucial” tras el fallo del TC, añadiendo: “Tendría muy poca presentación que quienes están citados no concurran […] tienen la obligación legal de hacerlo”.
- Interrogantes centrales:
- ¿Cómo se originó y ejecutó un proceso catalogado por Longton como “insólito y bochornoso”?
- ¿Por qué continúan en funciones quienes revisaron y “no advirtieron esta inhabilidad”, pese a las renuncias de las ministras y la destitución de la senadora?
Implicancias políticas y narrativas en juego
- Frente gubernamental: La salida de Fernández y Sandoval debilita simbólicamente al oficialismo, mientras la citación de Elizalde expone a Segpres a escrutinio por su rol en asesorías legales.
- Oposición unificada: La CEI, con mayoría de derecha (integrada por RN, UDI, Partido Republicano y otros), aprovecha el fallo del TC para cuestionar la transparencia del gobierno. Los dichos de Longton reflejan una estrategia para vincular la inhabilitación de Allende con presuntas negligencias institucionales.
- Composición plural: La presencia de miembros del PS, FA, PC y PPD en la CEI (como Raúl Leiva o Lorena Pizarro) evitará que el proceso sea percibido como un juicio partidista, aunque el control narrativo lo tiene la oposición.
Conclusión analítica: más allá de la compra fallida
Este caso ya no se limita a una transacción inmobiliaria: es un síntoma de fracturas institucionales. El fallo del TC y las renuncias ministeriales han creado un precedente que la CEI usa para escalar el conflicto, cuestionando la cadena de responsabilidades hasta niveles cercanos al núcleo presidencial. Los planteamientos de Longton apuntan a un objetivo dual:
- Legal: Exigir explicaciones sobre omisiones en controles de constitucionalidad.
- Político: Instalar una narrativa de “impunidad selectiva” en el gobierno.
La sesión de hoy lunes no solo definirá el ritmo de la investigación, sino que podría reconfigurar equilibrios de poder en un escenario donde la oposición busca capitalizar el desgaste oficialista.
