El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia lanzó oficialmente la convocatoria para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 17 de agosto, en una jornada clave en la que se renovarán los principales cargos del país: presidencia, vicepresidencia, 36 senadores y 130 diputados.
Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, informó que el calendario electoral detallado será publicado durante la próxima semana, aunque adelantó algunos hitos relevantes en el cronograma. En primer lugar, los partidos políticos deberán presentar sus estados financieros hasta el 12 de abril. Luego, el plazo para inscribir organizaciones políticas y alianzas vence el 18 de abril, mientras que el registro oficial de candidaturas se cerrará el 19 de mayo. Desde esa fecha y hasta cinco días antes de la votación, estará permitida la realización de campañas políticas.
Más allá del calendario, el escenario electoral boliviano se presenta altamente incierto y marcado por una profunda división en el oficialismo. El Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha sido fuerza dominante en la política boliviana durante casi dos décadas, enfrenta hoy una fractura interna entre el sector leal al actual presidente Luis Arce y el ala que responde al exmandatario Evo Morales (2006–2019). Esta división ha reconfigurado el mapa político y abre posibilidades para que la oposición capitalice el desgaste del bloque gobernante.
Según analistas, Bolivia se encamina hacia una elección fragmentada, con múltiples frentes compitiendo por el poder. Por un lado, el oficialismo dividido entre Arce y Morales; por otro, una oposición tradicional también fragmentada, que podría presentar al menos dos candidaturas. A esto se suma la irrupción de un alcalde regional que ha anunciado su postulación de forma independiente, sin el respaldo de la principal alianza opositora, además de la posible candidatura de un pastor evangélico que ya compitió en los comicios anteriores. También se proyecta la participación de algún candidato con un perfil más liberal.
Este mosaico de aspirantes anticipa una campaña electoral intensa y competitiva, sin un claro favorito a la vista, y con una ciudadanía que deberá definirse en medio de disputas internas, alianzas por consolidar y una creciente presión sobre los partidos para mostrar propuestas claras en un contexto de polarización y desconfianza.
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