Un político inteligente debiera escuchar un buen consejo, pero a veces un asesor tiene que hablar fuerte para que lo escuchen. Es lo que hizo James Carville, asesor de Bill Clinton, quien ganó la elección en 1992 siendo un desconocido gobernador de Arkansas a George Bush padre. Este último centró su campaña en la política exterior, mientras Clinton hizo caso a James Carville y basó su candidatura en hablarles a los electores sobre cómo mejorar la alicaída economía de Estados Unidos.
Hoy, Chile está conmovido por la muerte de dos jóvenes en incidentes en el Estadio Monumental previo a un partido de Colo Colo. Escuchamos a diversos políticos que entregan recetas con mucha convicción y poca reflexión, si consideramos que el problema de violencia en los estadios lleva tanto tiempo. Iris Boeninger, en estas mismas páginas, titula “Humanidad que se pierde entre rejas y gritos” una bella columna que hace una aproximación más integral al problema que, a mi juicio, da luces sobre cómo debe tratarse si se quiere tener éxito.
Yo me permito parafrasear a Carville en el título de esta columna para llamar la atención sobre estos lamentables hechos que tienen raíces profundas que remiten más a lo que es nuestra sociedad hoy día, que a lo que es el fútbol. Que como dijo Carlos Peña en El Mercurio, es una actividad que sin las interferencias que tiene en nuestro país le haría un gran favor a la sociedad. Que no se crea que por mi calidad de exdirigente en el fútbol estoy tratando de esquivar el bulto poniendo el acento en otro lado. Al final me referiré a la responsabilidad del fútbol en el tema.
Pero partamos por lo que es clave. Lo que ocurre con cada vez más frecuencia en los estadios es un reflejo de lo que pasa en la sociedad chilena y en la política chilena. Iris se refirió, con especial delicadeza, a lo que pasa en familias chilenas que parecen haber perdido el rol tutelar que debiesen tener sobre los niños que forman parte de ellas. Pero está también la política.
La primera decisión que se ha tomado por nuestras autoridades de gobierno es pedir la renuncia a quien dirigía Estadio Seguro y luego anunciar que se termina con la existencia de esta entidad. Generalmente, los políticos prefieren crear un organismo nuevo, pero eso ya lo hicieron un mes atrás con el Ministerio de Seguridad Pública, de manera que ahora optan por una medida efectista, esta vez en sentido contrario, que no parece muy distinta a la decisión de don Otto de vender el sofá. Pero el Estado de Chile tomó también la semana pasada otra resolución a través de la Fiscalía: imputar al carabinero que conducía el vehículo que habría tenido participación en los hechos que terminaron con la muerte de los dos jóvenes. No ha trascendido si hay imputados entre quienes causaron los hechos violentos que obligaron a la actuación del vehículo policial, pero parece que no. En Chile, la velocidad con que se imputa a los responsables de mantener el orden no guarda relación alguna con la celeridad para perseguir a quienes provocan los hechos de violencia y eso es culpa de la política.
El problema es la señal que se manda a la sociedad con estas actuaciones. Nuestras ciudades, y ahora también los campos, están llenas de “portonazos”, “encerronas”, “turbazos”; en el caso de los estadios el método delictual es la “avalancha”, que tiene un alto riesgo de terminar con víctimas fatales que mueren aplastados contra rejas y muros. Nuestra legislación y los órganos de persecución del delito no han encontrado una forma eficaz de combatirlo, y una parte del problema es claramente el riesgo que corren los carabineros y fuerzas policiales de ser imputados y perseguidos con saña por organismos del Estado como el INDH, la Defensoría de la Niñez y otras reparticiones, altamente politizadas, que actúan como brazos armados del partido comunista y otras colectividades de ultraizquierda.
En el Ministerio Público son conocidos los fiscales que actúan como activistas de la izquierda y lo mismo ocurre en los tribunales con algunos jueces. En pleno estallido “social” el intendente de la Región Metropolitana fue perseguido judicialmente por disponer de una gran cantidad de carabineros en torno a la Plaza Baquedano en días de protesta. Mientras todo esto no cambie, las políticas para combatir el crimen, incluyendo a quienes desde las barras bravas utilizan al fútbol para cometer sus delitos, fracasarán.
También son importantes las RUF (reglas de uso de la fuerza) por parte de policías y militares que cumplan labores de orden público. Las existentes dejan desprotegidos a los policías y las que se discuten hoy en el Congreso contemplan 4 instrucciones previas al uso de armas letales, que atan las manos a los policías encargados de resguardar el orden público. En países desarrollados, si alguien se acerca a un policía con actitud amenazante ello habilita al agente del orden a usar su arma de fuego.
Es también importante la preparación y los recursos para combatir el crimen. Es obvio que, en los estadios, especialmente en partidos de alta convocatoria, y en cualquier otro espectáculo masivo debe haber varios círculos de control policial antes de ingresar al recinto y entre los límites de éste y el interior del estadio. Aprovecho este tema para comentar acerca de las responsabilidades que deben tener quienes organizan un espectáculo, las policías y la autoridad gubernamental que fija las normas de seguridad a cumplir.
Lo que prevalece ahora es el juego del “comprahuevos” (los millenials que no lo entiendan pueden preguntar a sus padres). Los clubes, las autoridades del fútbol, las autoridades de gobierno y las policías deben coordinarse. Esta coordinación debe partir de la buena fe y su objetivo principal debiera ser evitar la violencia. Si todos actuaran con ese propósito habría menos violencia.
Razones para esta coordinación impropia hay varias. La primera es que las responsabilidades no están bien definidas y las sanciones tampoco (las autoridades del fútbol tienen un magíster en eso). Las autoridades de gobierno que intervienen están nombradas con criterio político y no técnico, y no tienen experiencia en la materia. Las actuales, que son de izquierda, lo primero que hacen es echarle la culpa a los clubes, que son sociedades anónimas. Los clubes no siempre tienen culpa y en los casos que conozco nunca han tenido la totalidad de la culpa.
Todo se transforma en una guerra comunicacional en que es difícil sacar algo en limpio. Los políticos colaboran a la confusión. Algunos dicen que por ser sociedades anónimas los clubes son responsables de la seguridad y no debiera haber carabineros en los estadios. ¿Qué pasa entonces con los conciertos de Shakira y otros artistas? ¿Tampoco debiera haber carabineros? ¿Para qué está la fuerza pública si no es para proteger a la gente? Y si la gente asiste masivamente a algunos lugares, la policía obviamente debe estar ahí y actuar cuando la fuerza de los agresores sea desproporcionadamente mayor a lo que razonablemente puedan ejercer guardias privados (que no están autorizados a portar armas). Los clubes, por supuesto, deben contar con seguridad privada financiada por ellos, pero las exigencias actuales no son las adecuadas y falta incorporar más tecnología.
Por último, si no se reconoce que las barras bravas de algunos equipos son parte del crimen organizado y deben tratarse como tales, no avanzaremos en esta tarea. Si no se defiende la propiedad y la vida de los chilenos combatiendo con decisión el crimen no hay mucho que hacer. Si no se defiende metro a metro por parte de las policías el carácter público de las calles, dotando a la fuerza policial de los medios y las atribuciones para hacerlo, todo plan fracasará. Si no se termina la tolerancia para quienes viajan en el transporte público sin pagar, no vamos en la dirección correcta. Si no se erradican de la administración pública los operadores políticos cuyo objetivo es instalar a más parientes y amigos en el Estado y medrar de él, nada sacaremos. ¡No es el fútbol estúpido! Es Chile.
Por Luis Larraín, economista.
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