El hermetismo con que ha trabajado la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento ha generado inquietud en distintos sectores políticos y también en el mundo indígena. A seis días para que se cumpla el plazo aún no hay noticias de que exista un texto consensuado para entregar al Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, El Líbero tuvo acceso a un borrador del 8 de abril con las propuestas que estarían sobre la mesa y que aún deben votarse para dar el salto del proyecto al informe definitivo. Desde el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas hasta la creación de múltiples organismos nuevos, el borrador incluye promesas difíciles de financiar y expectativas que –de no cumplirse– podrían profundizar el conflicto en vez de resolverlo.
El documento menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su autogobernanza, creación de al menos nueve nuevas instituciones y un fondo de tierras de 4.000 millones de dólares.
La Comisión para la Paz fue creada en junio de 2023 para «construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos» y contó con el respaldo de los 19 partidos con representación parlamentaria. La integran ocho comisionados, encabezados por el senador DC Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De sus acuerdos, que deben ser tomados por unanimidad, se sabe poco o nada; ya que sus integrantes han insistido fuera de micrófono en que su documento final será público cuando exista un texto definitivo que sea entregado al Presidente y a los partidos políticos. Insisten en que esos acuerdos aún se están cerrando y que para la entrega tienen hasta el 30 de abril.
Extraoficialmente El Líbero conoció que una propuesta final podría votarse entre el viernes 25 y el lunes 28 de abril.
Y si bien no hay información oficial sobre los aspectos que en definitiva llegarán al texto que se entregará a Boric, lo que ha trascendido mantiene en alerta, por ejemplo, a representantes del Partido Republicano, quienes ven en ese borrador el resurgimiento de distintos aspectos que fueron rechazados en 2022 en la propuesta constitucional de la Convención.
Reconocimiento constitucional y nueva institucionalidad
El borrador del 8 de abril propone establecer constitucionalmente la existencia de pueblos indígenas “precolombinos” o “preexistentes” al Estado. Pasando de 10 a 11 pueblos: mapuche, aymara, atacameño, quechua, rapa nui, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selknam.
El problema, dicen quienes han tenido acceso al borrador, es que se vuelve a la tesis del exnúmero dos de Evo Morales, Álvaro García Linera, y la plurinacionalidad: “La tesis de que aquí los pueblos estaban antes que las naciones republicanas, por lo tanto no había esta división geográfica existente hoy día, sino que los pueblos eran trans-país”.
El documento que ha trascendido se centra en el pueblo mapuche y en las cuatro regiones de la Macrozona Sur que están en conflicto (Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos).
Sobre los mapuche señalan que “se propone que haya concordancia en el principio de autogobernanza en sus asuntos internos” y además pueden adoptar su forma de organización interna.
Asimismo, se reconoce el Convenio 169 de la OIT con rango constitucional, y se plantea el principio de interculturalidad como eje de la diversidad cultural del país.
En el borrador se recomienda la representación del pueblo mapuche ante el Estado facilitando su diálogo y relacionamiento. La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias.
Además, a lo largo del borrador se propone la creación de múltiples instituciones, entre ellas:
-Un tribunal de tierras compuesto por tres jueces mapuche y tres no mapuche.
-Un instituto para el fortalecimiento de la lengua e historia mapuche para todos los habitantes del país y resignificación de la memoria colectiva, esto mediante convenios con universidades e instituciones públicas y privadas mediante este nuevo instituto dependiente del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.
-Una oficina de implementación de todas las recomendaciones de la comisión.
-Una institución de asesoría legal y económica para comunidades indígenas.
-Recomendarían crear un órgano de alta jerarquía política, ya sea ministerio, subsecretaría u otro, que pueda diseñar, coordinar de manera efectiva una política desde el gobierno hacia los pueblos indígenas. A pesar de esto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no sería eliminada, sino que se propone su fortalecimiento, modernización y que actúe más como un organismo técnico.
¿Y la tierra?
Originalmente, la Comisión iba a entregar su borrador en noviembre de 2024. Luego se fijó el 31 de enero como el plazo para que la instancia cumpliera con su mandato. Y, por último, el plazo se extendió hasta el 30 de abril. El principal asunto que los mantiene entrampados siempre ha sido el mismo: qué hacer con la política de restitución de tierras.
“Partieron de un problema que era el tema de tierras, dieron vuelta en 360 grados y volvieron al mismo problema sin solución, no se ponen de acuerdo en el tema de tierras. Tardaron año y medio en llegar al mismo lugar. Por mucha buena voluntad que exista, van a llegar a conclusiones que después pueden ser impracticables, como han sido algunas de la Comisión Valech, como han sido algunas de la Comisión Vargas”, advierte el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN).
El legislador agrega que una vez que se entregue una propuesta tiene que haber una consulta indígena: “Y se van a llevar el año entero en esa consulta indígena. Segundo, hay proyectos de ley y el gobierno no fue capaz de sacar un solo proyecto que tenga que ver con el reconocimiento constitucional que estaba aquí, en el Parlamento, y no le puso urgencia nunca. Cómo uno va a creer que va a colocar proyectos de ley para sacar adelante en el año del pato cojo que le queda. Tercero, los miles de millones de dólares que necesitan para el tema de tierras. Es imposible, si no hay plata. El Consejo Fiscal Autónomo nos ha dicho que no hay holguras fiscales para el próximo gobierno y, raya para la suma, no va a servir para frenar los atentados terroristas que ahora son cada día peores, porque las facciones terroristas siguen estando vivas y no han sido desarticuladas”.
Las propuestas
El borrador de la Comisión lo que dice sobre este punto es que se creará un fondo de tierra con 4.000 millones de dólares, para cumplir con 51.899 familias que hoy día están en espera.
Se consideran cuatro estatus de comunidades: 1.- las que hoy día ya tienen aplicabilidad y que están en la lista de espera por una compra de tierras; 2.- incluyen de manera automática a quienes están en proceso de obtener una aplicabilidad, pero aún no se les ha otorgado; 3.- incluyen a comunidades que están en zonas donde no hay título de merced; y 4.- también incluyen a comunidades que hoy día no están oficializadas, que no tienen personalidad jurídica, se abre un plazo para que puedan crear una comunidad y hacer una reclamación.
En los dos primeros casos esas comunidades que cuentan con títulos de merced pueden solicitar hasta tres restituciones.
También se fija un nuevo estatuto de protección de la tierra indígena. Actualmente, cuando Conadi le compra un campo a una comunidad esta tierra no puede ser enajenada, embargada, gravada, ni adquirida por prescripción. Además, al tratarse de una propiedad colectiva, cualquier decisión debe contar con la aprobación de 100% de los socios de la comunidad. Tampoco tienen acceso a la banca, ni se pueden asociar con empresarios, otras comunidades o entes públicos.
Ahora, lo que indica el borrador es que igualmente las tierras indígenas son inalienables por causa de interés nacional, pero permitirían contratos de arriendo por hasta 25 años, para ello crean un órgano técnico y autónomo cuya función va a ser prestar la asesoría legal y económica a las comunidades para que puedan celebrar contratos ya sea de usufructo, arrendamiento o contratos de mera tenencia de las comunidades con algún otro particular.
Además, dado que la tierra es inalienable y no se puede, por ejemplo, hipotecar para conseguir un crédito; se recomienda contemplar un mecanismo especial de garantía estatal para facilitar y estudiar además la factibilidad de un organismo autónomo de financiamiento del pueblo mapuche basado en la propiedad de la tierra indígena.
En cuanto a los mecanismos alternativos de reparación, se propone la adquisición de bienes inmuebles urbanos, pago de créditos hipotecarios, educación, inversiones productivas, infraestructura habitacional o productiva, entre otras. Así como la creación de zonas francas y exenciones tributarias temporales.
Otra propuesta sería establecer un fondo multidonante en conjunto con la Multipartner Trust Fund Office, MFTP Office, de Naciones Unidas para contribuir al financiamiento de las recomendaciones contenidas en el informe.
Y también recomendarían que el Estado pida perdón a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo mapuche, por los abusos e injusticias históricas, y esto debería materializarse en un acto público con presencia de todos los poderes del Estado y representantes de todos los actores.
Para las víctimas de la violencia rural
En el borrador que mantiene en alerta a los sectores políticos también se menciona a las víctimas de atentados. El borrador habla de una ley de reparación de víctimas, en la cual estaría contemplada la creación de una comisión para poder llegar a un catastro de víctimas. En el documento que trascendió no se establece el número de víctimas, el monto a reparar, ni cuál será el mecanismo para hacerlo.
El texto también habla de una especie de comisión o de banco de tierra, donde quienes quieran vender sus tierras al Estado podrán inscribirse para hacerlo. Se trata de una instancia que estará adscrita al órgano de alto nivel jerárquico (ministerio o subsecretaría), y que va a trabajar de la mano con la agencia de reparación.
Cuestionamientos al borrador
Desde sectores opositores han advertido que el borrador no incluye modificaciones sustantivas a la Ley Indígena, salvo lo relativo al arriendo de tierras, y que no se hace cargo del problema de la violencia rural. Tampoco hay claridad sobre cómo se compatibilizarán estas medidas con los recursos fiscales ni con la legislación vigente. Lamentan que se siga agrandando el Estado, sin ponerle fin en ninguna parte de la propuesta a la demanda de tierra.
“El borrador no habla de la violencia en sí misma, pero genera expectativas falsas en las comunidades porque dice que esto va a tener un lapso corto de reparación en el cual todas las familias que hoy día están a la fila, que del cálculo que ellos han hecho son 51.899 familias, se van a ver con la expectativa de si van a poder ir a cobrar. Y si ese cobro no se hace se va a generar mucha más violencia”, advierten quienes han estado al tanto de las conversaciones de los comisionados.
Decepción en el mundo indígena
Ejecutar esto requiere de la realización de una consulta indígena y presentar proyectos de leyes en el Congreso. La consulta indígena se prevé que pueda realizarse este mismo año. No obstante, en el ambiente está presente el recuerdo de la consulta indígena que intentó realizar el gobierno de Sebastián Piñera en 2019, con Alfredo Moreno como ministro de Desarrollo Social. Ese proceso fue boicoteado y no pudo concluir.
“Más que las propuestas, van a ser interesantes las reacciones, una vez que se conozca el texto definitivo. Si son serios deben pasar por una consulta indígena, asegurar presupuesto, y la última consulta costó alrededor de 1.100 millones de pesos”, dice Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche, Enama. Y le suma la complejidad de que este es un año electoral. “No tenemos fe en que la comisión resuelva el problema… puedo decir con seguridad que no he encontrado mapuche, de derecha o izquierda, que crea que la comisión va a resolver el problema”.
Con todo, Alcamán, desde el Movimiento Mapuche por la Paz, lamenta que voceros del Partido Republicano hayan salido a rechazar los acuerdos de la comisión de forma anticipada.
Claudia Unicahuin, que hasta julio de 2022 trabajó en la oficina de Conadi en Castro y es exvicepresidenta de Pueblos Originarios de Renovación Nacional, cuestiona el “hermetismo” con el que se ha manejado la comisión y recuerda que así como hay un proyecto de reconocimiento constitucional en el Congreso, también hay uno para la creación de un ministerio de asuntos indígenas, ninguno de los cuales ha avanzado.
“No entiendo por qué la comisión no tiene sesiones públicas para que nos vayamos interiorizando de los acuerdos. Cualquier medida administrativa o política que afecte a los pueblos originarios debe ir con consulta indígena para su ejecución y puesta en marcha. Creo que no quedará en nada y que es plata mal gastada”, opina Unicahuin.
Con los llamados de atención y las críticas del Partido Repúblicano se supone que se estarían evaluando varios de los puntos contenidos en el cuestionado borrador, por lo que el contenido final del informe sigue siendo incierto.
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