En un giro inesperado, la Fiscalía Regional de Coquimbo protagonizó un intento sin precedentes: el 27 de febrero de 2024, el fiscal adjunto Ricardo Soto Molina solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía la incautación simultánea de teléfonos de seis figuras clave, incluidas tres altas autoridades en ejercicio: la senadora Isabel Allende (PS), la entonces ministra de Defensa Maya Fernández (PS) y Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda. El requerimiento —rechazado días después por el juez Cristián Azócar— buscaba desentrañar presuntas irregularidades en la compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado, operación que acumuló sospechas de tráfico de influencias y conflicto de interés.
La arquitectura de la sospecha: argumentos del fiscal
El escrito de Soto Molina, de 21 páginas, sostiene que Allende y Fernández habrían obtenido beneficios económicos al extender cheques por 155y311 millones, “infringiendo la prohibición constitucional y legal de contratar con el Estado” (documento fiscal). A esto se suma la declaración de Francisca Moya Marchi, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, quien reveló que los decretos de compra fueron revisados inicialmente por Lucas Vera, un egresado de derecho sin juramentación ante la Corte Suprema, lo que cuestionaría la rigurosidad del proceso.
Pero el eje de la investigación radica en las presiones atribuidas a la familia Allende. Según Nélida Pozo Kudo, directora nacional del Servicio de Patrimonio Cultural, hubo contactos directos con Felipe Vio Lyon (abogado de la familia y pareja de Marcia Tambutti Allende) y Genaro Cuadros, director de la Fundación Salvador Allende (FSA), para acelerar la venta. Soto enfatizó que la senadora Allende actuó “directamente” en las tratativas, mientras Fernández lo hizo “a través de persona interpuesta”, configurando un escenario de “vínculos familiares y afinidades políticas” entre funcionarios y la comunidad vendedora (documento fiscal).
La escalada del precio y el rol de la Fundación Allende
Un dato clave —destacado por el fiscal y reporteado previamente por La Tercera— fue el aumento del valor de la casa de 828a922 millones en dos semanas. Este incremento, sumado al proyecto de gestión presentado por Vio y Cuadros para que la FSA administrara el inmueble en comodato, alimentó la hipótesis de un conflicto de intereses. José Cortés Vega, asesor de Patrimonio Cultural, corroboró en su testimonio que la senadora Allende y Vio participaron activamente en visitas a la propiedad y reuniones en La Moneda donde se impulsó la compra con “motivos no muy específicos”.
El “pinchazo telefónico” que complicó a Crispi
La Fiscalía incorporó como prueba clave la interceptación a Miguel Crispi en el Caso ProCultura, donde este admitió: “Ella [Isabel Allende] tiene mucha responsabilidad […] llamó hasta al portero del Ministerio webiando, webiando, webiando”. Según Soto, el audio —autorizado por el Juzgado de Antofagasta en noviembre de 2023— evidenciaría una “intervención e influencia” transversal de Allende, Fernández y Vio sobre funcionarios públicos. Crispi incluso criticó a la “familia totalmente incompetente”, incluyendo a Fernández, en diálogos con su madre (documento fiscal).
Análisis: ¿Por qué el juez rechazó la medida?
Pese al volumen de testimonios, el Séptimo Juzgado de Garantía consideró insuficientes los antecedentes para autorizar la incautación. Este fallo expone un contraste jurídico: mientras la Fiscalía argumentó que las pruebas residían en “conversaciones privadas no documentadas” (Soto), el tribunal exigió estándares más robustos. La decisión ocurrió en un contexto político explosivo: días después del requerimiento, Fernández y Crispi renunciaron, y Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional, sugiriendo que el caso trasciende lo legal para adentrarse en una crisis de legitimidad institucional.
