Nadie sabe cómo evolucionarán la guerra comercial y sus derivaciones geopolíticas, pero hay que prepararse para la borrasca. Está claro que EE.UU. se ha convertido en el mayor foco de desconfianza internacional. Según la revista The Economist, el gobierno de Trump ya ha provocado “daños duraderos” a la economía mundial, y ellos pueden agravarse.

Tal es el contexto insoslayable de la elección presidencial, pero da la impresión de que ni los candidatos ni los partidos lo toman en serio. No muestran capacidad de reflexión sobre lo pasa en el mundo. Es como si vivieran en una realidad paralela y solo vieran sus agendas electorales. Y podría ocurrir que, ensimismados en los cálculos de poder, estuvieran dando manotazos en el aire.

Todo será difícil para el próximo gobierno. Deberá enfrentar las carencias económicas, sociales e institucionales del país en un contexto internacional extremadamente incierto. El Informe de Finanzas Públicas, presentado por el ministerio de Hacienda al Congreso, reveló que el gobierno de Boric no cumplirá la regla fiscal por segundo año consecutivo y que el déficit estructural para este año se estima en -1,6% del PIB (el objetivo inicial era -1,1%).

El estancamiento económico está mostrando sus deplorables efectos. Hay un agudo desbalance de las arcas fiscales, que obligará a recortar el gasto público, tarea que, en lo sustancial, tendrá que encarar el próximo gobierno. Y salta a la vista que las actuales turbulencias mundiales encuentran a Chile con menos defensas que las que tenía cuando enfrentó la crisis asiática y la crisis subprime.

La recesión es una amenaza real, y es obligatorio considerar sus consecuencias sociales. Ello plantea exigencias mayores a la política, cuya preocupación primordial deberían ser los riesgos que enfrenta la comunidad que somos y seguiremos siendo, por encima de las divisiones políticas. Por desgracia, tal preocupación no está presente en el ajetreo de los candidatos.

La campaña presidencial debería favorecer el debate de altura sobre los retos nacionales, pero ello requiere que los candidatos se esfuercen por dar respetabilidad a sus pronunciamientos. Debe quedar definitivamente atrás la ola populista que intentó imponer visiones rudimentarias sobre cómo avanzar hacia un orden social más justo, cuyo climax fue la Convención y el proyecto constitucional rechazado por la mayoría de los ciudadanos.

Una amplia mayoría desea un cambio de rumbo, pero hay que precisar inequívocamente hacia dónde ir y de qué manera. El rechazo de los devaneos rupturistas de los últimos años no valida una aventura de signo opuesto. Se trata de revitalizar la convivencia en libertad, rechazar el tribalismo y favorecer los amplios acuerdos. No necesitamos retroexcavadoras ni motosierras, sino voluntad de mejorar lo que tenemos.

Los partidos tienen la obligación de pensar en la suerte del país en su conjunto. Penosamente, hay quienes, por razones “ideológicas”, ni siquiera reconocen la amenaza del terrorismo y el crimen organizado, puesta de relieve en el atentado a la central hidroeléctrica de Rucalhue, en la región del Bío-Bío. En tal contexto, los senadores del PC y el Frente Amplio le pidieron al gobierno que vete las Reglas del Uso de la Fuerza, aprobadas en tercer trámite por el Senado.

¡Allí esta obscenamente resumida la prolongada ambigüedad de comunistas y frenteamplistas sobre un asunto decisivo para que las FF.AA. y las policías cumplan eficazmente con sus obligaciones constitucionales! Esa postura es la que explica las vacilaciones y zigzagueos de La Moneda en estos años. Quedan, por supuesto, pocas dudas de que los grupos armados representan una oscura alianza entre el extremismo y el bandolerismo. Y lo único que cabe es una respuesta contundente del Estado, que debe imponer su control sobre todo el territorio nacional.

Es esencial definir un horizonte de verdadero progreso, para lo cual corresponde establecer prioridades realistas. Con independencia de quien gane la elección presidencial, se van a requerir políticas de Estado en áreas vitales como la seguridad interior, la actividad económica, la educación y la salud públicas, la construcción de viviendas, etc.

El Estado tendrá que emplearse a fondo para alentar el crecimiento económico. Ello aconseja, por ejemplo, que el ministerio de Obras Públicas, como lo ha propuesto Óscar Landerretche, sea un agente dinamizador de la inversión en infraestructura en los próximos años, en alianza con el sector privado.

En esta perspectiva, la calidad de los liderazgos es esencial. Está probado que el desempeño de las instituciones depende en gran medida de la estatura moral, intelectual y política de las personas que están a la cabeza. Por lo tanto, para detener el deterioro institucional se requiere máximo rigor en la selección de quienes aspiran a los cargos de representación.

Para proteger a Chile de las inclemencias que vienen, es indispensable que la política favorezca el diálogo y el entendimiento. Hay que detener el negocio politiquero que se basa en el estímulo de las odiosidades y las reyertas. Es necesario reforzar la racionalidad y el civismo, de modo de potenciar las capacidades creativas del país. Hay que apoyar a quienes lo entiendan así y actúen en consecuencia.

Por Sergio Muñoz Riveros, analista político, para ex-ante.cl

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