La Oficina de Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) publicó anoche los resultados de su informe anual sobre la idoneidad y eficacia de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus socios comerciales.
El reporte apunta a un total de 26 socios que se encuentran bajo vigilancia, pero ocho de ellos caen en la categoría de vigilancia prioritaria, que agrupa a los países con los problemas más serios en esta materia. Y precisamente allí se ubica Chile.
En esa lista también aparecen otros siete socios comerciales de EE.UU.: Argentina, China, India, Indonesia, México, Rusia y Venezuela.
«Chile permanece en la Lista de Observación Prioritaria en 2025», señaló el informe. «Estados Unidos sigue teniendo serías preocupaciones respecto de problemas de larga data en la implementación de diversas disposiciones de propiedad intelectual (PI) de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile», agregó.
Principales preocupaciones
Entre los principales puntos crítico, según el organismo estadounidense, se encuentra la falta de legislación que sancione adecuadamente la elusión de medidas tecnológicas de protección (TPM), incluyendo penas civiles y penales tanto para los actos de elusión como para la comercialización de dispositivos diseñados para ello.
Además, Washington insiste en que Chile debe «ratificar e implementar el Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991)» y actualizar su marco legal para combatir la piratería en línea.
En particular, se apunta a la necesidad de «mejorar su marco de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet (ISP), a fin de permitir acciones efectivas y expeditas contra la piratería en línea».
En ese sentido, el informe denuncia un alto nivel de piratería digital en Chile. Según Estados Unidos, aún no existe claridad legal suficiente sobre la criminalización del uso de dispositivos de decodificación ilegales para el robo de señales satelitales cifradas, a pesar de la ley aprobada en 2018.
Además, «Estados Unidos también insta a Chile a proporcionar remedios o sanciones por recibir voluntariamente o redistribuir señales satelitales cifradas ilegalmente decodificadas».
Se menciona también una preocupante baja en las acciones penales por infracción de derechos de autor. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), publicó en julio de 2024 un informe en el que se revela que «el número de causas penales relacionadas con derechos de autor iniciadas en Chile disminuyó en un 60% entre 2017 y 2022».
En cuanto al sector farmacéutico, representantes de la industria estadounidense expresaron «inquietudes sobre la eficacia del sistema chileno para resolver con rapidez los problemas de patentes en relación con solicitudes de comercialización de productos farmacéuticos».
Asimismo, criticaron «la falta de protección adecuada contra el uso comercial desleal o la divulgación no autorizada de datos no revelados generados para obtener aprobación de comercialización».
Avances limitados y modernización institucional
Pese a las críticas, el informe reconoce algunos avances de parte de Chile. Destaca, por ejemplo, que «los esfuerzos de modernización del INAPI continúan», lo que ha permitido reducir los tiempos de tramitación y digitalizar el proceso: en 2024, «todas las solicitudes de patentes y casi todas las de marcas se presentaron en línea».
También se valora la promulgación de dos leyes en 2023 —la Ley 21.577 sobre crimen organizado y la Ley 21.595 que tipifica delitos económicos—, aunque se enfatiza que «los titulares de derechos están a la espera de ver los resultados de los casos que lleguen a los tribunales para evaluar la efectividad de estas leyes».
En materia de fiscalización, los resultados son dispares.
«En 2024, aunque la Brigada de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones de Chile reportó una menor cantidad de productos falsificados incautados y detenciones, el Servicio Nacional de Aduanas casi duplicó la cantidad de productos falsificados decomisados en acciones de fiscalización».
Tensión por acuerdo con la UE
Otro tema sensible señalado por el informe es el tratamiento que Chile da a las indicaciones geográficas (IG) protegidas bajo acuerdos con la Unión Europea.
En septiembre de 2024, el Congreso Nacional aprobó una carta paralela al TLC Chile-EE.UU. sobre productos cárnicos y quesos, lo que encendió alertas en Estados Unidos.
«Estados Unidos insta a Chile a garantizar transparencia y debido proceso en la protección de indicaciones geográficas (IG), y a asegurar que la concesión de protección IG no prive a las partes interesadas del uso de nombres comunes, particularmente en lo relacionado a protecciones otorgadas bajo acuerdos comerciales», señala el documento.
El balance de Washington es claro: pese a algunos progresos, los avances no son suficientes.
«Estados Unidos valora el compromiso de Chile y los pasos que ha dado para intentar resolver los problemas pendientes relacionados con el TLC Chile-EE.UU., pero ya han pasado más de veinte años desde que el acuerdo entró en vigor. Sigue siendo importante que Chile muestre avances tangibles en la resolución de los problemas de implementación del tratado y otros asuntos de propiedad intelectual durante 2025», concluye el informe.
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