En el marco de la investigación por el Caso ProCultura, el fiscal regional Patricio Cooper solicitó al juzgado de garantía la intervención del teléfono celular del Presidente Gabriel Boric, según informaron altas fuentes del caso a Ex-Ante. La solicitud se fundamentó en antecedentes obtenidos de las interceptaciones al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y cercano al mandatario, en cuyo dispositivo se habría registrado información sensible relacionada al jefe de Estado.
El tribunal, sin embargo, rechazó la solicitud. La noticia fue revelada la mañana de este lunes por Ex-Ante, y horas más tarde, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, declaró que el Ejecutivo estaba a la espera de una confirmación o desmentido por parte del fiscal nacional Ángel Valencia:
«Estamos hablando de comunicaciones que podrían comprometer la seguridad nacional y es por eso que nosotros estamos a la espera de que se confirme o no se confirme», afirmó Etcheverry.
Cabe señalar que la ley chilena no prohíbe expresamente la aplicación de medidas intrusivas a autoridades, incluido el Presidente de la República. El artículo 222 de la ley 21.577 establece que el juez de garantía puede autorizar la interceptación de comunicaciones cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados que justifiquen que una persona participa en delitos penados con crimen, y siempre que la medida sea imprescindible para la investigación.
Altos funcionarios del Gobierno consultados por Ex-Ante no cuestionaron la veracidad de la solicitud de intervención, pero sí criticaron la decisión del fiscal Cooper de haberla presentado.
El Caso ProCultura sigue ampliándose. Durante el fin de semana, La Tercera informó sobre la interceptación del teléfono de Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso de La Moneda, también en el marco de esta causa. Una conversación grabada por la PDI el 7 de enero, entre Crispi y su madre Claudia Serrano, mencionaba gestiones inmobiliarias relacionadas con Isabel Allende (PS), lo que llevó a la apertura de una investigación penal contra la exsenadora.
La Fundación ProCultura, creada en 2009 por Larraín y Ilonka Csillag, es objeto de una indagatoria por presunto fraude al fisco tras multiplicar por más de diez sus ingresos desde entidades públicas entre 2021 y 2022 (de $316 millones a más de $3.280 millones, según registros publicados por Ex-Ante). El foco principal son convenios por cerca de 6 mil millones de pesos firmados con gobiernos regionales.
La investigación ha generado especial inquietud en el oficialismo, ya que involucra a altas autoridades. Entre los implicados figura Miguel Crispi (Frente Amplio), quien como subsecretario de Desarrollo Regional habría validado transferencias de fondos a ProCultura. Además, seis gobernadores fueron declarados sujetos de interés en la causa, cinco de los cuales fueron reelectos en octubre pasado: Claudio Orrego (ex DC), Ricardo Díaz (ex RD), Rodrigo Mundaca (Ind-FA), Óscar Crisóstomo (PS) y Jorge Flies (Independiente – Radical).
El vínculo entre Boric y Alberto Larraín es de larga data: desde su época como diputado, Boric contó con el asesoramiento de Larraín, quien incluso colaboró en la redacción de columnas y en el abordaje público del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) del actual mandatario.
Finalmente, la PDI halló en el celular del gobernador Jorge Flies conversaciones con Larraín, en las cuales el fundador de ProCultura aludía a supuestas gestiones con Boric y solicitaba acelerar proyectos de la fundación en Magallanes, aunque dichos proyectos no se concretaron.
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