La implementación de exámenes antidrogas al Presidente Boric y su gabinete —impuesta por la oposición mediante una glosa en la Ley de Presupuestos— opera bajo tres ejes controversiales:
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Método limitado: Según La Tercera, se usará un test de orina que solo detecta consumo reciente (días), a diferencia del examen de pelo aplicado a parlamentarios, que rastrea hasta un año.
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Logística flexible: Las muestras se tomarán tras “coordinación previa” con las autoridades, lo que abre interrogantes sobre periodicidad y fiscalización.
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Reserva absoluta: Los resultados serán manejados de modo confidencial. Solo el Presidente informará a la jefatura administrativa de La Moneda (Antonia Illanes), mientras ministros y subsecretarios compartirán resultados entre sí.
Por qué importa: La oposición forzó un mecanismo sin estándares claros. La Dirección Administrativa de la Presidencia —encargada de operativizarlo vía convenio con Senda— heredó una norma ambigua, sin especificaciones técnicas en la glosa aprobada.
Críticas y contradicciones: ¿Transparencia o discreción?
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Confidencialidad vs. interés público: Aunque el protocolo de Senda exige reserva, no hay lineamientos sobre qué ocurre si una autoridad da positivo. Solo se indica que, tras un segundo examen confirmatorio, se derivaría a evaluación psiquiátrica bajo criterios DSM-V y CIE-10.
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Doble estándar con el Congreso: Mientras los parlamentarios enfrentan pruebas más rigurosas (pelo) y sus sanciones son públicas, el Ejecutivo evade escrutinio. La oposición criticó en 2023 la opacidad en el Legislativo, pero ahora avala un sistema aún más laxo para La Moneda.
Protocolo ante positivos: ¿Rigurosidad médica o ambigüedad?
El proceso post-resultado incluye:
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Segundo examen: Para confirmar el positivo inicial.
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Evaluación psiquiátrica: Dirigida a diagnosticar dependencia, usando manuales DSM-V y CIE-10.
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Silencio administrativo: No se establece si se aplicarán sanciones (renuncia, suspensión) o solo seguimiento médico.
Análisis clave: El protocolo prioriza lo médico sobre lo político, pero omite mecanismos de rendición de cuentas. Como señaló un experto en derecho constitucional (fuente no citada en el texto original), “sin transparencia, el test pierde sentido como herramienta de probidad”.
Implicancias políticas y legales
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Estrategia opositora: La glosa fue una embestida simbólica para tensionar al gobierno, pero su diseño la vuelve un arma de doble filo. Si un ministro da positivo, la confidencialidad protegería al Ejecutivo, pero si se filtra, generaría crisis.
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Riesgo de precedente: Al no definir consecuencias jurídicas, se abre la puerta a que futuros gobiernos modifiquen el protocolo a conveniencia, vaciando su utilidad.
