Un análisis del pacto Gobierno-CUT y sus tensiones legislativas
¿Qué contiene el acuerdo?
El pacto establece dos incrementos escalonados del salario mínimo:
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3,6% desde el 1 de mayo de 2024, elevándolo de 510.626a529.000.
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Segundo ajuste a $539.000 desde el 1 de enero de 2026, con retroactividad una vez promulgado.
El proyecto –pendiente de aprobación legislativa– revive el debate sobre cómo equilibrar protección social y estabilidad económica.
Apoyos: La narrativa oficialista
Los diputados oficialistas enfatizan el cumplimiento de promesas y el rol de la organización sindical:
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Diego Ibáñez (FA): Destaca que el Gobierno *»ya cumplió con su compromiso de subir el sueldo mínimo a 500mil» 539 mil para 2026, adelantando discusión parlamentaria acelerada
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Juan Santana (PS): Lo califica como «un avance para los trabajadores» y una prueba de la «plena vigencia de la organización sindical», vinculando el aumento a «seguridad económica para las familias».
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Héctor Ulloa (PPD-Ind.): Admite que «nos hubiera gustado un reajuste mayor», pero defiende su «carácter responsable» al alinearse con la inflación y evitar «presiones en el mercado laboral».
- Jeanette Jara (Candidata Presidencial PC): expresó que «compartimos la necesidad de evolucionar del concepto del salario mínimo a pagar hacia un salario para vivir. Esta es una discusión que en Chile se tiene que transparentar, porque por más que la familia se ponga a disposición, trabaje jornada completa y le ponga todo el esfuerzo, si ese salario no le alcanza para vivir, un salario vital, difícilmente nuestra sociedad va a poder fortalecer su cohesión social»
«Aquí hay muchas personas que sacándose la mugre, la pega, no logran llegar con tranquilidad a fin de mes. Así que apoyamos avanzar hacia un salario vital y vamos a proponer que en mi gobierno, si las chilenas y los chilenos me eligen su presidenta, vamos a tener un salario que va a alcanzar los $750.000, que es el equivalente a una familia de cuatro personas hoy día”.
«Eso sí, ningún alza de salario hacia el salario vital se va a hacer sin apoyar a las pymes y no solamente a través de un subsidio. Porque el problema que hay en nuestro país es que las pymes ofrecen mucho trabajo, pero pagan bajos salarios. No porque quieran, sino porque no les da más su estructura de ingresos y gastos.
Críticas de la oposición: Riesgos y desconfianza
Las bancadas de derecha cuestionan el timing y los fundamentos económicos:
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Felipe Donoso (UDI): Acusa «irresponsabilidad» al vincular el aumento a un «año electoral» y advierte que superar el IPC «pone en riesgo los empleos», argumentando que «no genera mejores condiciones» sino incertidumbre.
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Miguel Mellado (RN): Critica la demora («debería haber hecho mucho tiempo atrás»), señalando que el Gobierno incumplió plazos legales (art. 6 de la ley 21.578). Además, cuestiona la viabilidad presupuestaria: «¿Están las platas?, lo está calculando mal y tiene al país sobregirado».
- Evelyn Matthei (Candidata Presidencial Chile Vamos):
Consultada por una propuesta concreta sobre el sueldo mínimo en su posible mandato, indicó que “lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el trabajador sea cada vez más productivo, porque de otra manera se genera una alta cesantía. Hay que ir negociando paso a paso”.
“La economía no está creciendo, la inversión es escasa, y el salario mínimo lo reciben quienes tienen un empleo formal, pero hay muchas personas fuera de ese sistema”, agregó.
Finalmente, recordó su gestión como ministra del Trabajo, destacando que entonces “se crearon un millón de empleos”, y señaló que hoy la mayor urgencia es generar empleo junto con ampliar la red de salas cuna».
Tensiones no resueltas
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Inflación vs. protección social: Mientras el oficialismo justifica el ajuste como un «derecho» (Santana), la oposición lo lee como combustible para una espiral de precios (Donoso: «casi el doble del IPC»).
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Legitimidad del proceso: Mellado desacredita la negociación Gobierno-CUT al tildarla de «acuerdo desordenado» y exige transparencia en los cálculos fiscales.
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Retroactividad y urgencia legislativa: El plazo para aplicar el aumento desde mayo depende de una rápida tramitación, pero la oposición advierte que no será un «buzón» (Mellado), lo que anticipa debates técnicos sobre plazos y financiamiento.
Síntesis: ¿Consenso o polarización?
El acuerdo Gobierno-CUT enfrenta tres desafíos críticos:
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Legislativo: La oposición exige detalles presupuestarios, y aunque Ulloa confía en una aprobación expedita («sin mayores problemas»), Mellado y Donoso preparan objeciones técnicas.
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Económico: La discrepancia sobre si el aumento es «acorde a la inflación» (Ulloa) o «sobregira al país» (Mellado) refleja visiones antagónicas sobre políticas laborales.
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Simbólico: El timing electoral («año electoral», Donoso) ensombrece la discusión, transformando un debate técnico en una pulseada política.
En clave prospectiva: El proyecto podría avanzar rápido dada la mayoría oficialista, pero su impacto real dependerá de cómo se gestionen las advertencias sobre empleo e inflación, dos flancos que la oposición ya marcó como campos de batalla.
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