Con duras críticas a su gestión, once diputados de oposición —entre ellos el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser— ingresaron ayer en el Congreso una Acusación Constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), responsabilizándolo por los graves hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil, el pasado 10 de abril.
Los parlamentarios acusan a Durán de “terquedad y negligencia”, apuntando a su decisión de no suspender el evento deportivo a pesar de las múltiples alertas sobre posibles disturbios. El documento fue firmado por legisladores de todas las bancadas opositoras: UDI, RN, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano y Evópoli, y según estimaciones internas del Congreso, solo faltarían algunos votos para alcanzar la aprobación del libelo.
La comisión revisora, sorteada tras la presentación, quedó compuesta por cuatro diputados de oposición y solo uno del oficialismo (Frente Amplio), lo que podría anticipar una evaluación favorable al avance de la acusación. Sin embargo, la historia reciente juega en contra de la oposición: en los últimos tres años, no han logrado concretar la destitución de ninguna autoridad mediante este mecanismo.
El caso: violencia, omisiones y dos víctimas fatales
La acusación se basa en los violentos incidentes ocurridos durante el encuentro de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul. Ese día, dos personas —un niño de 12 años y una joven de 18— murieron en medio de una serie de desórdenes dentro y fuera del recinto deportivo. Además, decenas de hinchas protagonizaron una irrupción masiva al campo de juego y enfrentamientos con Carabineros, lo que obligó a suspender el partido en el minuto 68.
Según el texto presentado, los hechos eran previsibles. En redes sociales circulaban convocatorias a realizar una “avalancha humana” para ingresar al estadio sin entrada, y se advertía la posibilidad de enfrentamientos entre barras. A pesar de esa información, la autorización oficial para realizar el evento fue emitida recién el mismo día, sin mayores restricciones preventivas.
“Pese a la información pública disponible, la organización del evento prosiguió su curso (…) los desmanes anunciados se concretaron”, señala el libelo. La acusación subraya que el delegado presidencial no aplicó las medidas legales disponibles, como la revocación de la autorización o la suspensión del evento, ambas facultades que sí están bajo su responsabilidad directa.
Negligencia y atribuciones omitidas
El núcleo del libelo radica en que Durán, como delegado presidencial, tenía el deber constitucional de velar por el orden público y coordinar acciones preventivas ante eventos de alto riesgo. Para los diputados, su decisión de permitir que el partido se desarrollara sin una evaluación oportuna de la situación constituyó una omisión grave en el ejercicio de sus atribuciones.
“La gravedad y negligencia de los hechos permite configurar el ilícito constitucional”, argumentan, apuntando a la falta de reacción frente a hechos que eran “absolutamente previsibles” dada la habitualidad de estas convocatorias violentas en partidos de alta complejidad.
La acusación también destaca los costos derivados del evento. Según información entregada por el Club Colo Colo, los daños materiales al Estadio Monumental alcanzan los $80 millones, aunque los parlamentarios subrayan que “los perjuicios más graves son aquellos sufridos por todos los vecinos de las inmediaciones del estadio”.
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