La polémica por los controles antidrogas a autoridades chilenas se intensifica con tres iniciativas en marcha: una glosa presupuestaria, un proyecto de ley y una normativa interna de la Cámara de Diputados. Estas medidas, impulsadas principalmente por la oposición, buscan aplicar exámenes a funcionarios públicos, incluyendo al presidente Gabriel Boric, pero difieren en alcances y metodologías.
1. Glosa en la Ley de Presupuestos
Aprobada en diciembre de 2023, esta medida obliga al Presidente, ministros y subsecretarios a someterse a test de drogas semestrales. Con un costo de $25 millones, el muestreo se realizará mediante análisis de orina para detectar «consumo reciente», coordinado por el Senda bajo confidencialidad.
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Resultados: Los de ministros serán informados a subsecretarios, y viceversa. Los de Boric llegarán a Antonia Illanes, jefa administrativa de La Moneda.
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Críticas: La oposición señala que la glosa no especifica tipo de test ni transparencia en los resultados.
2. Proyecto de Ley en Discusión
Impulsado por diputados de oposición, busca modificar la Ley 20.000 y la Ley Orgánica del Congreso. Sus puntos clave:
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Obligatoriedad: Test anuales de cabello (que detecta consumo hasta 90 días atrás) para autoridades, incluidos candidatos a cargos electos.
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Transparencia: Resultados públicos y exclusión del Servel para quienes no presenten declaración jurada de no consumo.
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Sanciones: Inhabilitación para asumir como parlamentario en caso de dependencia a drogas.
Paula Labra (Ind.-RN), una de sus autoras, argumenta que la iniciativa «evita ambigüedades» de la glosa presupuestaria.
3. Reglamento de la Cámara de Diputados
Desde 2022, los diputados deben realizarse test de drogas anuales por muestras de cabello. En septiembre de ese año, 75 de 78 parlamentarios se sometieron al examen, sin resultados positivos.
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Sanciones: Multa del 15% de la dieta parlamentaria y amonestación para quienes se nieguen.
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Protocolo: Coordinado con la Universidad de Chile, garantiza reserva pero exige cumplimiento disciplinario.
Debate y Proyecciones
Mientras el oficialismo cuestiona el enfoque «punitivo» de las iniciativas, la oposición insiste en que buscan «igualar condiciones» entre autoridades y empleados públicos. El proyecto de ley, actualmente en trámite, podría ampliar el debate sobre estándares éticos y transparencia en la política chilena.
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