La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su informe anual que incluye un extenso capítulo que desnuda la naturaleza política del regimen autoritario encabezado por Nicolás Maduro.
Se trata de un exhaustivo trabajo de 1208 fojas que también revisa los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y los restantes países de América Latina.
Bajo la órbita institucional de la OEA, el trabajo de la CIDH exhibe las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura caribeña. Maduro aparece en el centro del escenario, y todas las acusaciones en su contra están indexadas en un infinito pie de página al final del dossier.
“La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas, especialmente, a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, sostiene el informe de la Comisión.
Y añade: “Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión».
Respecto al proceso electoral, adonde Maduro y sus aliados politicos ejecutaron un fraude histórico, la CIDH concluye:
-“Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio (de 2024), el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder. En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía“.
-“La crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder. El control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad».
-“En el periodo preelectoral, el gobierno no sólo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Nicolás Maduro, sino también para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición”.
-“El gobierno venezolano intensificó la represión contra personas de la oposición o percibidas como tales, utilizando fuerzas de seguridad para silenciar voces críticas y neutralizar campañas electorales.
-“Las acciones evidencian un patrón de persecución contra Vente Venezuela, el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato Edmundo González Urrutia”.
“-Los principales perpetradores fueron el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET)”.
-“Las acciones del gobierno buscaron silenciar voces críticas, desmantelar la oposición organizada y mantener un control absoluto sobre el panorama político y social”.
-“El Panel de las Naciones Unidas concluyó que ´el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados´“.
-“En la experiencia del Panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas“.
Tras el fraude cometido por Maduro para perpetuarse en el poder, la dictadura reprimió todas las manifestaciones populares que ocuparon las calles en defensa de la transición democrática.
El informe de la CIDH detalla los actos de terrorismo de estado que cometió la dictadura para preservar a Maduro en el Palacio de Miraflores:
-“Las serias denuncias de irregularidades y fraude electoral motivaron cerca de 300 protestas masivas y espontáneas en todo el país que movilizaron distintos sectores sociales, en particular, de barrios populares“.
-“En respuesta, el régimen puso en marcha prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme. Entre los principales perpetradores están las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como “colectivos”.
-“Una característica distintiva de este pico represivo es que las más altas autoridades del régimen y las fuerzas de seguridad contribuyeron a alimentar el clima de terror con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales».
-“El 17 de julio (2024), durante un acto proselitista, Nicolás Maduro advirtió sobre un ´baño de sangre y una guerra civil en el país´ en caso de que la oposición lograra una victoria electoral».
-“El 5 de agosto (2024), también en un acto público, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la ´Operación Tun Tun´, cuyo nombre alude a los golpes a las puertas de las residencias de personas sospechosas de haber participado en las protestas, por parte de fuerzas de seguridad, para su ubicación y detención”
-“Según información pública, 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. De estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los “colectivos”, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado»,
-“En relación con las causas de muerte, la información documental y testimonial permite concluir que todas las víctimas murieron por arma de fuego: siete con disparos en el cuello, cinco en tórax, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el abdomen, y tres en otras partes del cuerpo”.
Además de torturar, golpear y asesinar a los venezolanos que repudiaban el fraude electoral, la dictadura caribeña diseñó una estrategia para reprimir a los medios de comunicación.
El informe de la CIDH enumera distintos actos de terrorismo de estado que el regimen de Maduro realizó contra periodistas y fotógrafos.
-“En 2024, se documentó la activación de procesos judiciales y sanciones penales contra periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto electoral. Las detenciones y procesos penales se realizarían bajo la “Ley Contra el Odio”, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública, con alegaciones de manipulación de pruebas por parte de las autoridades».
-» Las principales agresiones contra la prensa incluyeron: allanamientos, cierres de medios, confiscación de equipos, cancelación de pasaportes, deportación de periodistas internacionales, despidos injustificados, amenazas y censura, lo que ha generado un clima de temor entre las y los profesionales de la comunicación, quienes se han visto obligados a restringir su actividad informativa”
-“En particular, en el 2024 se observó un patrón preocupante en la detención y expulsión de corresponsales internacionales en Venezuela, así como la prohibición de su entrada al país».
Al promediar el capítulo sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, el dossier de la CIDH hace referencia a los detenidos por la dictadura de Maduro:
-“La situación de las personas privadas de libertad en Venezuela sigue caracterizada por ausencia de estadísticas oficiales actualizadas, dualidad de sistemas penitenciarios, hacinamiento, elevado uso de la prisión preventiva, corrupción, autogobierno en las unidades, deplorables condiciones de detención, y malos tratos».
“En especial, el Estado continua sin producir o publicar datos oficiales sobre la población privada de la libertad en el país y la existencia de una dualidad de sistemas penitenciarios. Uno oficial que, según Sociedad Civil, a septiembre de 2024, alojaba a aproximadamente 30.000 personas en los centros de reclusión a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario; y otro paralelo, compuesto de aproximadamente 500 espacios de detención preventiva que, a la misma fecha, albergarían a 28.000 personas».
Antes de su publicación, el informe de la CIDH fue remitido al dictador Maduro. No hizo un sólo comentario.
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