La bancada de la UDI, liderada por los diputados Henry Leal y Gustavo Benavente, busca reabrir el caso ProCultura —vinculado al escándalo de los Convenios o Líos de Plata— mediante una comisión investigadora 2.0 en la Cámara Baja. La iniciativa surge tras revelarse conversaciones que involucrarían al Presidente Gabriel Boric, reavivando sospechas sobre un presunto financiamiento irregular de campañas del oficialismo. Los gremialistas argumentan que la primera comisión (aprobada en octubre 2023) no profundizó en este eje crítico, limitándose a antecedentes iniciales.
2. Foco en el financiamiento político y citaciones clave
El núcleo de la nueva investigación apuntará a «determinar el verdadero objetivo detrás del inusual incremento de aportes [a ProCultura] durante el primer año de gobierno», según declaraciones de Leal y Benavente. Para ello, se citará a:
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Autoridades mencionadas en la investigación (no especificadas, pero se alude a Boric).
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Trabajadores y representantes de la Fundación ProCultura.
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Consejo de Defensa del Estado (CDE), Servicio Electoral (Servel) y Consejo para la Transparencia, instituciones clave para auditar flujos financieros y cumplimiento normativo.
Además, se enviará un oficio directo al Presidente Boric para que responda públicamente a las acusaciones que lo vinculan al caso.
3. Estrategia política y presión al oficialismo
La UDI enfatiza que los «graves antecedentes conocidos en los últimos días» justifican una investigación exclusiva sobre el presunto desvío de fondos públicos a campañas políticas. Este movimiento no solo busca capitalizar la coyuntura mediática, sino también tensionar al gobierno en un escenario donde la transparencia de los Convenios sigue bajo escrutinio. La mención al Servel apunta a examinar posibles irregularidades en el financiamiento electoral, un tema sensible tras históricos casos de corrupción en Chile.
4. Antecedentes y vacíos de la comisión anterior
La primera comisión (2023) se limitó a recopilar datos iniciales sin abordar el supuesto vínculo entre ProCultura y campañas políticas. Los diputados UDI insisten en que ahora existen «nuevas evidencias» —incluyendo registros de conversaciones— que exigen una revisión exhaustiva. Sin embargo, el gobierno podría interpretar esta solicitud como una maniobra opositora para desgastar su imagen, especialmente en un año marcado por tensiones legislativas.
5. Riesgos y proyecciones
La creación de la comisión 2.0 dependerá de los apoyos en la Cámara. Si bien la derecha cuenta con votos suficientes para impulsarla, su éxito investigativo estará sujeto a la disponibilidad de pruebas concretas y a la colaboración de instituciones como el CDE, custodio de la legalidad en contratos públicos. Un hallazgo de irregularidades podría escalar el conflicto hacia una acusación constitucional, mientras que un resultado ambiguo reforzaría la narrativa oficialista de «persecución política».
Conclusión analítica:
La UDI busca reposicionar el caso ProCultura como un símbolo de supuesta opacidad en el uso de fondos públicos, apuntando directamente al corazón del gobierno de Boric. Más allá de los resultados, la comisión 2.0 funcionará como un termómetro político: medirá la capacidad de la oposición para articular una ofensiva creíble y pondrá a prueba la resistencia del oficialismo frente a escándalos que persisten en su gestión.
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