La Brigada Anticorrupción de la PDI busca determinar si el gobernador de la RM, Claudio Orrego, actuó como facilitador o intermediario para que la fundación ProCultura —dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín— obtuviera millonarios convenios, incluido el programa “Quédate” ($1.600 millones). Según el expediente, Larraín admitió en su declaración que Orrego participó en “mesas técnicas” para diseñar el plan de prevención de suicidios y gestionó reuniones con otras ONG, aunque insistió en que el exDC “no tuvo injerencia en la adjudicación”.
2. Contradicciones de Larraín y la sombra del chat en Telegram
Un hallazgo clave es el mensaje de Telegram revelado por Ex-Ante: el 7 de julio de 2023, Orrego escribió a Larraín, “Hola hermano… revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”, tras estallar el escándalo. Larraín, interrogado sobre este intercambio, afirmó no recordarlo y aseguró que “nunca usó Telegram”, contradiciendo la evidencia de su propio dispositivo. Este diálogo, en una app que permite eliminar mensajes, alimenta sospechas de coordinación opaca.
3. El programa “Quédate”: ¿Éxito social o red de influencias?
Larraín defendió el programa como “el más grande de Latinoamérica en prevención de suicidios”, con supuesto aval de la OMS y réplicas en Ñuble y Magallanes. Sin embargo, la fiscalía investiga si estos proyectos se adjudicaron mediante favores políticos. Destaca que Larraín mencionó en un chat con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, que el Presidente Gabriel Boric apoyaba la iniciativa, aunque esto no ha sido confirmado por La Moneda.
4. Las grietas en la narrativa de ProCultura
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Enfoque incongruente: Mientras ProCultura se promocionaba como entidad cultural (ej.: remodelación de fachadas), Larraín declaró tener experiencia en salud mental desde 2012, citando proyectos en Aysén y Rapa Nui. Sin embargo, no existen registros públicos de estas iniciativas.
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Convenios fantasmas: La fundación coordinó con ONGs como “Para la Confianza” y “Todo Mejora”, pero varias declararon no tener capacidad técnica o financiera, lo que habría facilitado que ProCultura concentrara recursos.
5. Implicaciones políticas y próximos pasos
El fiscal Patricio Cooper amplía la investigación a los convenios de ProCultura en Atacama, Ñuble y Magallanes, donde se replicó el modelo de “Quédate”. Aunque Orrego insiste en su neutralidad, el mensaje en Telegram y su participación activa en el diseño del programa lo colocan en una línea difusa entre promoción política y favoritismo.
Conclusión analítica:
El caso ProCultura ya no es solo un escándalo de sobreprecios: expone una trama de coordinación entre autoridades y ONGs con financiamiento estatal. Las contradicciones de Larraín, sumadas a la comunicación cifrada con Orrego, sugieren un modus operandi basado en redes de confianza más que en transparencia. Si la fiscalía logra vincular los convenios con órdenes políticas explícitas, el impacto podría alcanzar no solo a Orrego, sino reabrir debates sobre el uso de fondos públicos en programas sociales bajo lógicas clientelares.
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