El Partido Republicano intensificó su ofensiva política al exigir al gobierno de Gabriel Boric que garantice la seguridad del fiscal Patricio Cooper, a cargo del caso ProCultura. Arturo Squella, presidente del partido, acusó al oficialismo de buscar un «cambio de fiscal» para «esconder los datos que se van revelando«, insistiendo en que el Ministerio Público «está haciendo un buen trabajo«. Squella instó al Ministerio del Interior a implementar medidas de protección para Cooper y su entorno, argumentando que es «natural y razonable» ante el riesgo que supone investigar una supuesta «red de corrupción«.
2. Acusaciones de «cartel» contra el Frente Amplio
El diputado Cristián Araya (Republicano) elevó el tono al afirmar que el Frente Amplio (FA) opera como un «cartel» que realiza una «defensa corporativa» de sus miembros. Citó declaraciones de Alberto Larraín —exdiputado del FA— quien habría señalado que el partido está «construyendo un reino«. Araya advirtió que su bancada no dudará en llegar «hasta las últimas consecuencias» para que los involucrados «respondan ante la justicia«, ya sea en sede penal, administrativa o política.
3. Kast cuestiona viaje de Boric y pide prudencia
José Antonio Kast, líder y presidenciable del partido, criticó la decisión de Boric de mantener su gira por Japón y China en medio del escándalo. Kast planteó dudas sobre si el mandatario actúa como «Presidente de la República o como sujeto de interés» en las relaciones internacionales, calificando el viaje de «imprudente«. Además, reprochó el «silencio de dos días» del gobierno y la «defensa corporativa» de militantes oficialistas, exigiendo que Boric ordene a sus aliados «no amenacen a las autoridades que investigan«.
4. Tensión política y riesgos institucionales
Las declaraciones reflejan una estrategia de la oposición para capitalizar el caso ProCultura, vinculado a los Líos de Plata, un escándalo que investiga presuntos desvíos de fondos públicos a campañas políticas. Al tildar al FA de «cartel», el Partido Republicano busca instalar una narrativa de corrupción sistémica en el oficialismo, mientras posiciona a Kast como voz crítica de cara a futuras elecciones. Sin embargo, la falta de pruebas concretas expone el riesgo de que estas acusaciones se perciban como una maniobra de desgaste más que como denuncias fundadas.
5. Reacciones pendientes y presión sobre Boric
El gobierno enfrenta el desafío de responder sin alimentar la polarización. Mientras el FA niega las acusaciones y defiende su transparencia, la solicitud de protección para Cooper podría forzar al Ejecutivo a actuar para evitar señales de interferencia judicial. La gira internacional de Boric, en este contexto, se convierte en un flanco vulnerable para la oposición, que busca vincularla con una supuesta evasión de responsabilidades.
Conclusión analítica:
El caso ProCultura se consolida como un campo de batalla político-jurídico donde el Partido Republicano apuesta a erosionar la credibilidad del FA y de Boric. Más allá de los resultados judiciales, la retórica de «cartel» y la exigencia de protección al fiscal buscan proyectar una imagen de oposición firme ante la corrupción, aunque con el riesgo de profundizar la fractura institucional en un clima ya sobrecalentado.
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