El próximo 17 de mayo se cumplen 1.091 días desde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, marcando un quiebre con su posición inicial de no renovar la medida heredada de la administración Piñera. Según datos del Ministerio de Seguridad, la violencia rural en 2025 registró 108 eventos, la cifra más baja desde 2017, con una caída del 78,8% en atentados (2021 vs. 2024) y del 50% en ataques incendiarios. Sin embargo, el despliegue ha implicado un costo estimado de $23.271 mil millones en tres años —según cálculos basados en declaraciones de Defensa en 2022—, sumando gastos logísticos, movilización de 1.500 efectivos diarios y operación de 12 bases militares.
2. Adaptaciones operativas y tensiones en las FF. AA.
El Ejército, Armada y FACH han implementado ajustes clave: desde 2023, un sistema de turnos rotativos (21 días en zona, con seis rotaciones previas) reemplazó los despliegues iniciales de 45 días. Además, se movilizaron uniformados desde regiones distantes como La Serena y Puerto Montt, e incluso personal administrativo fue reasignado a tareas de patrullaje. Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad, valora el “rigor y profesionalismo” de las FF. AA., aunque reconoce que los ataques más graves —como el triple homicidio de carabineros en Cañete (2023) y el incendio en Rucalhue (2024)— ocurrieron bajo este régimen, evidenciando límites.
3. Éxitos estadísticos vs. críticas estructurales
El subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, destaca que el gobierno ha presentado 491 querellas y logrado 552 condenas, mientras el fiscal regional Roberto Garrido resalta caídas del 59% en incendios y 58% en usurpaciones. No obstante, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, advierte que “el terrorismo sigue siendo más brutal y organizado”, exigiendo “ley de infraestructura crítica y reglas claras de uso de la fuerza”. Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado (RN) critica la falta de “respaldo estratégico” en zonas clave como Temucuicui, y Andrés Jouannet (Amarillos) reclama mayor libertad para que militares “disparen sin restricciones”.
4. Desgaste institucional y debate político pendiente
El costo humano y logístico recae en las FF. AA., cuya operatividad enfrenta desafíos: en 2021, el Ejército inició una “marcha blanca” para adaptarse, y desde 2023 debió ampliar especialidades y rotaciones. Urquízar insiste en que, pese a los avances, se requiere un “acuerdo político transversal” para abordar el conflicto, en línea con lo expuesto en la fallida Comisión para la Paz y el Entendimiento.
5. Perspectivas: ¿Medida necesaria pero insuficiente?
Mientras el gobierno enfatiza la disminución histórica de violencia, críticos subrayan que el Estado de Excepción actúa como “herramienta simbólica” (Jouannet) sin resolver causas profundas. Con 56 prórrogas aprobadas y una extensión mensual desde 2023, la medida se consolida como política de contención, pero sin avances en diálogo o estrategias integrales.
Conclusión analítica:
El Estado de Excepción en la Macrozona Sur refleja una paradoja: éxitos estadísticos en seguridad contrastan con críticas por altos costos, desgaste militar y falta de soluciones políticas. Mientras el gobierno celebra su “compromiso con la seguridad”, la oposición y actores locales exigen mayor firmeza y coordinación. La pregunta clave, tras tres años, es si esta medida será sostenible —o suficiente— frente a un conflicto que, como señala Giacaman, “sigue activo y profundo”.
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